Pensar en formalizar el agro representa un reto grande en un departamento fronterizo como Norte de Santander, que ha sido agobiado históricamente con el flagelo de la informalidad.
Este sector, que tiene grandes altibajos por cuenta de la inestabilidad de precios y costos de producción, ahora se enfrenta también al desplazamiento de mano de obra colombiana por venezolana.
Este jueves, durante el foro palmicultor liderado por el Ministerio de Trabajo en Cúcuta, los pequeños y medianos productores de la región conocieron de primera mano la necesidad de acogerse al piso de protección social.
Sin embargo, el sector palmicultor se ha destacado en los últimos años por reducir el índice de informalidad. Según Fedepalma, más del 80 % de los trabajadores cuentan con seguridad social.
Carlos Alberto Baena López, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, explicó que desde el Ministerio de Trabajo se está socializando la normatividad laboral, a través de campañas, para que ningún trabajador rural se quede sin los beneficios en materia de formalización.
“Es muy triste para un campesino que trabaja en tiempo parcial o que gana menos de un salario mínimo, llegar a su vejez y encontrarse con que no tiene ni siquiera un ahorro de todo lo que ha trabajado en su vida”, dijo.
Según el viceministro, el piso mínimo de protección social se aplica en tres frentes: protección en salud, a través del régimen subsidiado; protección económica en la vejez, mediante los Beneficios económicos periódicos (Beps) y protección en riesgos laborales, con un seguro inclusivo rural.
Parmenio Tinoco, líder palmicultor, destacó que el sector tiene un gran compromiso, pese a que implica un esfuerzo para los pequeños productores.
“La palma tiene sus épocas improductivas y cuando no hay cosecha se complica el trabajo porque la contratación se hace de manera esporádica”, agregó.
Según Tinoco, las dificultades como los bajos precios de la fruta y el aumento en los costos de producción y de transporte han afectado al sector.
