En los cinco departamentos cultivadores de azúcar (Valle, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas) se percibe un ambiente amargo debido a las sanciones que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso a los ingenios y a los gremios que los representan, en razón al futuro que les pueda deparar, especialmente a las empresas más pequeñas.
En concreto, la preocupación está en la posibilidad de que se reporten quiebras de algunos ingenios y con ello, la pérdida de empleo.
El alcalde de El Cerrito, Mauricio Martínez, aseguró que de hacerse efectiva la sanción contra la industria azucarera se afectará la calidad de vida de este municipio que depende totalmente de este negocio. “Nuestra mayor fuente de impuestos es el ingenio Providencia, sin contar que son la mayor fuente de empleo para los habitantes del sector urbano y rural”, dijo.
Agregó que esta empresa acabó de vincular directamente a muchos contratistas, logro que se puede echar para atrás si los ingenios tiene que pagar esas cuantiosas multas.
“Por eso solicitamos que se revise la decisión, no es que violen la ley sino que se tenga en cuenta el impacto. Si esa sanción se da lo que viene en adelante sería fatal para el municipio”, anotó.
El alcalde de Palmira, José Ritter López, manifestó que en el área de influencia de su población operan los ingenios Manuelita y Central Tumaco.
“Son empresas que generan gran mano de obra e inversiones en programas de responsabilidad social. Si a ellos se suma el ingenio Providencia, podemos decir que entre los tres generan unos 25.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y si los obligan a pagar las sanciones, el panorama para nuestras ciudades sería complicado”, dijo.
Pequeños ingenios, en riesgo
Carlos Hernando Molina, presidente de la junta directiva de Procaña, el gremio que agrupa a los proveedores y cultivadores de la caña, aseguró que la región se verá afectada de varias maneras.
En primer lugar, es posible que los ingenios pequeños quiebren porque no tiene la solidez financiera y pueden salir del negocio.
“Eso llevaría a perder siembras porque no todas las superficies sembradas podrían ser asumidas por otras empresas. Eso conllevaría a un desorden económico”, sostuvo.
Agregó que más preocupante que un posible reajuste en las áreas de producción de caña, es la afectación en el empleo que sería de una repercusión inmediata.
“Una sanción desproporcionada llevaría al recorte de recurso humano para tratar de sobreponerse y dar solución a semejantes sanciones tan absurdas”. Molina no descarta que el consumidor, también se vea afectado por esta situación.
*Cali | Colprensa
