El Gobierno está pendiente de los concesionarios que incumplan los contratos de infraestructura.
El Gobierno Nacional le está apretando las tuercas a los concesionarios que incumplan con los contratos de infraestructura, una de las banderas de desarrollo y crecimiento económico que compensa la caída de precios del petróleo.
Así lo dejó ver la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) luego que se decretara la anulación del contrato en el Anillo Vial de Crespo por cuenta de los retrasos de 11 meses que tienen algunas obras de este proyecto.
Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, explicó que “la decisión no es arbitraria porque se basan en los reportes del interventor y se tomó la decisión de habilitar al usuario para mejorar la movilidad de la ciudad”.
Examinando los pleitos entre el Gobierno y los constructores y encontró que, entre demandas y procesos, se han buscado recursos cercanos a los $2 billones en arbitramentos. Fue el caso de la pelea entre el Concesionario Bogotá-Girardot por los retrasos en la doble calzada.
Otro caso es el del Concesionario Consol que presentó una demanda por $700.000 millones contra la ANI por sobrecostos en compra de predios y problemas de comunidades en el proyecto Ruta del Sol. El proceso sigue su curso en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Pero no solamente la ANI, que es la entidad encargada de las concesiones, se ven los pleitos con los constructores. También en el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el que sobresale el proyecto del túnel de La Línea, a cargo del constructor Carlos Collins.
Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional señaló que “es importante para el desarrollo de las obras que se aumenten los controles y se tengan definidos, con antelación, los diseños y predios para no presentar sobrecostos durante la construcción”.
