Desde hace ya cuatro años se cocina en el Congreso de la República una ley que busca regular el manejo que los establecimientos comerciales hacen de las propinas.
El proyecto legislativo, que está a un debate de ser aprobado, pretende que 100% del dinero que los consumidores dejan al personal del servicio (meseros, bartenders, etc.), por este concepto, vaya a los empleados del local, evitando así que la empresa pueda apropiarse de alguna suma de las retribuciones voluntarias por el servicio.
De acuerdo con el representante a la Cámara, Efraín Torres, ponente del proyecto de ley 070 de 2013, por medio del cual se reglamenta la naturaleza y la destinación de las propinas, esta iniciativa se traduciría en un promedio de $150.000 adicionales en las ganancias del personal de servicio “de todos los establecimientos dedicados al consumo de alimentos, bebidas o en cualquier otro en que se sugiera pago de retribución voluntaria”.
Además, según explicó Carolina Porras, asociada principal del bufete Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, la iniciativa contempla que “los miembros de la cadena de servicios son los que deciden sobre la forma de distribución de las propinas y, si no lo hacen, entonces se distribuye en partes iguales entre ellos”; añadió que “los propietarios o administradores del establecimiento no podrán intervenir en la forma de distribución de las propinas, así como no podrán retener por ningún motivo lo que le corresponda al trabajador por propinas”, concluyó.
El representante Torres explicó que no hay un monto mínimo o máximo contemplado por la ley ni su proyecto legislativo, por lo que eso depende del cliente. Sin embargo, no respetar la ley llevaría a que los inspectores de trabajo lleguen a imponer multas hasta de 5.000 veces el salario mínimo mensual vigente, según la gravedad de la infracción.
Así mismo, cuando se presenten vulneraciones en cuanto a la voluntariedad de la propina, a la sugerencia de la propina o a la determinación voluntaria del monto de la propina, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podrá imponer sanciones hasta de $1.360 millones, según explica el proyecto.
“He recibido muchas denuncias porque los propietarios de los restaurantes toman parte de los ingresos de propinas para reponer vajilla, o hasta pagar el mismo salario de los trabajadores”, afirmó el representante.
Según explicó Porras, al menos hasta el momento, “desde la perspectiva del derecho laboral, no existe una consecuencia sancionatoria para los empleadores por apropiarse de las propinas”, por lo que la medida podría asegurar las retribuciones voluntarias a sus destinatarios.
