El cierre de la frontera y la emergencia que causó la deportación de colombianos de Venezuela le ha costado al  Estado alrededor de $225.000 millones.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, con $200.000  millones se atendieron los problemas de salud, educación, y problemas socioeconómicos de los deportados.

Así lo informó, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en una visita que llevó a cabo esta semana a Cúcuta, en donde el funcionario destacó que el Gobierno logró responder de forma positiva a 120.000 deportados que llegaron del vecino país.  

“Esta situación puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado, el Gobierno respondió de forma ejemplar”, acotó.

El cierre de la frontera también causó un impacto en la actividad comercial de la región y, para atenuar la crisis económica que causó el cierre, el Gobierno destinó $25.000 millones impulsar el comercio.

De ese monto, se han desembolsado $17.500 millones, a través del Ministerio de Comercio, para poner en marcha los programas que diseñó esa cartera para atender la emergencia, en la que se incluyen créditos de Bancóldex.  

Los $7.500 millones restantes  se destinarán a proyectos productivos para reubicar colombianos con empresas en el estado Zulia y otras zonas fronterizas con Venezuela. También se destinará una partida para la reconversión laboral de pimpineros.

Cárdenas espera que, a través de la apertura de la frontera, el contrabando de gasolina se erradique en el departamento, ya que este delito le hace mucho daño al país. “Ojalá que la actividad de los pimpineros no vuelva”.

El ministro de Hacienda estuvo esta semana en Cúcuta para hacer pedagogía sobre el proceso de paz.

Dijo que, tras la firma de la paz, la inversión se focalizará en las regiones rurales con más atraso y con mayor impacto por el conflicto.

Señaló que se hará un plan de inversiones a diez años que incluirá a varios sectores, como salud, educación, agua potable, vías, infraestructura, entre otros.

La Opinión