Un informe elaborado por el Banco de la República para evidenciar la dramática situación social de Cartagena, reveló que los habitantes de Cúcuta afrontan una realidad mucho peor que los de la ciudad amurallada.
El primer ítem que tuvo en cuenta el Banco Central para hacer la comparación entre las 13 ciudades principales del país fue el de pobreza, tanto monetaria como extrema, y en los dos la capital nortesantandereana alcanzó los puntajes más altos en 2015, que fueron los tenidos en ese informe.
Basados en las cifras consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el grupo de economistas del Emisor concluyó que mientras la incidencia de la pobreza monetaria extrema en Cartagena es del 26,2%, la de Cúcuta llegó al 32,9, una diferencia de 6,7 puntos porcentuales.
Hablando solo de la ‘Perla del Norte’, se puede asegurar entonces que de cada 100 personas que la habitan, 30 no tienen los recursos suficientes para adquirir los alimentos que requiere su familia.
Los estudios del Dane, en este caso, incluyen normalmente a grupos familiares de cinco personas y no tiene en cuenta los gastos necesarios para transporte, educación y diversión. Es decir, que solo se calcula la capacidad para comprar los alimentos mínimos requeridos en la canasta básica.
En este punto, usted se estará preguntando cómo saber si hizo o hace parte de este listado, entendiendo además que factores como el fenómeno de El Niño y La Niña, y la devaluación del peso frente al dólar, aumentaron el costo de vida en los últimos dos años, especialmente, los de los alimentos.
Para saber esto solo se debe saber que la entidad de estadística nacional establece que las personas consideradas en situación de pobreza monetaria son aquellas cuyos recursos económicos alcanzan para invertir entre $99.997 y $225.341 en la compra de alimentos al mes.
Entonces, si su sueldo es de un salario mínimo ($689.500) y paga $300.000 de arriendo, $96.000 en transporte (dos pasajes de busetas diarios al mes) y $100.000 en productos de aseo personal y vestuario, ya hace parte oficial de la lista de pobres del país, porque para comprar alimentos solo le restan $193.500.
Si la respuesta es positiva, no se preocupe, hay otros que están peor. Los más pobres, aquellos que viven en indigencia o lo que oficialmente se conoce como pobreza monetaria extrema, viven con menos de $99.997 mensuales para invertir en comida.
Ellos, en 2015, representaron el 6,9% de la población de Cúcuta. Según esto, de cada 100 personas cerca de 7 tuvieron $3.997 diarios para comprar su desayuno, almuerzo y comida. En Cartagena, este índice fue del 4% en ese año, el tercer puesto más alto entre las 13 ciudades incluidas y superada solo por Pasto y, por supuesto, la ciudad motilona.
Los ingredientes que generan esta composición social son varios. Alexander Botello Sánchez, director del observatorio económico de la Universidad de Pamplona, explicó que desde hace varios años se viene presentando la llegada de personas de otras ciudades en condición de vulnerabilidad y esto se evidencia en los barrios y asentamiento conformados en la periferia del área metropolitana.
A esto hay que agregarle el crecimiento de fenómenos como las ventas callejeras o el sostenimiento del índice de informalidad laboral. En las dos situaciones a la mayoría de las personas no les alcanzan para cubrir los ingresos necesarios mínimos.
Aunque la capital nortesantandereana tiene mejores resultados en la prestación y el cubrimiento de servicios públicos, el otro índice que explica un poco la realidad de la región es la falta de preparación educativa.
El Emisor recuerda en su informe que el porcentaje de jefes de hogar con educación universitaria (pregrado o posgrado) en Cúcuta cerró en 2015 en 13,3%, siendo de nuevo la peor cifra entre las principales capitales del país, seguida por Cartagena con 13,6%.
Mario Zambrano, economista y director del programa ‘Cúcuta Cómo Vamos’, explicó que la educación es uno de los índices que más afecta la generación de pobreza y la titulación profesional es clave en este tema.
Las oportunidades laborales de una persona y, por ende, sus capacidades de ingreso, dependen en gran medida de su formación profesional. Al respecto, Zambrano explicó que las instituciones universitarias de la región enfrentan el gran reto de reducir la tasa de deserción educativa, ya que gran parte del problema también está en que muchos inician sus estudios pero no los terminan.
A esta dinámica, Botello agregó que no hay un trabajo conjunto entre el sector empresarial y las universidades. La falta de relación se evidencia en que las instituciones educativas no están cubriendo las necesidades de formación profesional que tiene la ciudad.
Precisamente, Zambrano refirió que el trabajo conjunto entre gremios, universidades, Estado y sociedad civil, es la única estrategia viable para diseñar las estrategias que permitan reducir los índices de pobreza, que están influenciados por los problemas educativos y el desempleo, siendo este último el principal problema económico existente.
