Panamá rechazó “de manera contundente” la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país centroamericano en una lista de países “de alto riesgo”, por supuestas deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Un comunicado de la presidencia panameña criticó que “ha sido opaco el proceso que llevó a cabo esta instancia europea en la elaboración de la lista, siendo que no se generó ninguna interacción con Panamá como tercer país sujeto de análisis”.

La Comisión Europea propuso ayer en Bruselas incluir a siete países en su nueva lista de las naciones que luchan de manera insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo a Panamá y Arabia Saudita, entre ellos.

El gobierno panameño expresó su disposición a un “diálogo franco y continuo” con la Comisión Europea a través del cual valore sus gestiones por adecuar su legislación y plataforma financiera para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos.

Adelantó que llamará a consulta el embajador de Panamá ante la Unión Europea (UE), Miguel Verzbolovskis, y establece un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sancionó el 31 de enero la ley que penaliza la evasión fiscal y que había sido aprobada por el Congreso, como una de las últimas medidas de su gobierno para evitar caer en las listas negras de los organismos internacionales.

La administración de Varela se quejó de que a pesar de los “ingentes esfuerzos” de su embajada en Bruselas, no se le brindó la oportunidad de informar sobre las acciones tomadas para atender cualquier deficiencia percibida por la Comisión Europea.

En 2016, el país también fue impactado por una enorme filtración de datos financieros, un caso conocido como “Papeles de Panamá”.