Después de presentar al país el Marco Fiscal a Mediano Plazo de 2019, documento que muestra un escenario macroeconómico en los próximos 10 años, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que la economía seguirá creciendo hasta un 3,6% y que buscará evitar un desborde del déficit fiscal. Tras conocerse esos anuncios la pregunta que queda en el aire es: ¿esto será posible sin una nueva reforma tributaria?

Aunque el déficit fiscal, que equivale a la diferencia entre los gastos y los ingresos de la Nación, se ubicó en 2018 en 3,1%, el Gobierno insiste en que para el presente año debe llegar a 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB), pese a tener habilitado por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, un 2,7% para enfrentar los efectos de la migración venezolana.

El panorama parece optimista, pero hay un riesgo de que esa cifra no llegue a conseguirse por la presión económica que genera la migración venezolana, que a final de año ascendería a 2.000.000 personas, y la guerra comercial entre Estados Unidos con China y México.

“Si no se logran los resultados esperados eso podría afectar la credibilidad de algo tan importante como la regla fiscal”, explicó el decano de economía de la Universidad Externado, Julián Arévalo.

Según el experto, el Gobierno está desestimando los análisis que le entrega el Comité Consultivo de la Regla y resaltó que los últimos indicadores económicos muestran un repunte en la pobreza y desigualdad impulsado por el éxodo venezolano.

Sin embargo, para lograr la meta propuesta de crecimiento el Gobierno debe tener en cuenta que cada año le cuesta cerca de 5 billones de pesos dar asistencia a los exigentes gastos en salud, seguridad y educación que requiere la población migrante del país vecino. Ante esto, la respuesta del viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, es que los recursos se obtendrían por cuenta del crecimiento proyectado por la Cartera para este año en 3,6%.

Ante el cuestionamiento de que esa no puede ser la única herramienta para enfrentar la crisis migratoria, el viceministro resaltó que hay una disminución de la evasión de impuestos y un aumento de los ingresos tributarios. “Eso nos va a permitir, tomando decisiones de optimización de gasto y siendo muy cuidados, llegar al déficit fiscal de 2,4% en el presente año", puntualizó.

Ante la respuesta del Gobierno de mejorar el recaudo y apalancarse en él, el decano Arévalo dice que “es difícil conseguir mayor eficiencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”. El argumento del analista es que aunque es una meta deseable, es difícil para una economía como la nuestra lograr esos objetivos, ya que los mayores problemas se ven en la implementación.

Al cierre de mayo del 2019, un total de 53.358 contribuyentes morosos le adeudaban a la Dian un total de 1.7 billones de pesos.

Por otro lado, según el docente investigador de la facultad Economía de la Universidad Externado, Federico Corredor, la decisión de reducir gasto “manda una buena señal a los mercados”, sin embargo, en la explicación el analista el problema es que “esta reducción del gasto puede enfrentar algunos problemas, como el aumento de los ingresos tributarios que no se alcanzaron a financiar con la ley de financiamiento”.

Por lo que Corredor añadió que algunos resultados de la política social en indicadores como el aumento de la pobreza “implicarán que definitivamente tendrá que aumentar el gasto y siempre son demasiadas optimistas las proyecciones de reducción del gasto y demasiado limitadas las iniciativas para aumentar los ingresos tributarios”.

¿Y la inversión social?

La presión del Gobierno de buscar mayor liquidez en el corto plazo y las declaraciones de Carrasquilla en las que afirmó que hay deudas muy caras y activos poco rentables, los expertos avistan en el horizonte una posible reducción en la inversión social en el país.

Sin embargo, Arévalo y Corredor coinciden en que cerca del 85% del gasto público en Colombia es inflexible, por lo que las decisiones que se tomarán no podrían tocar una cantidad de programas sociales que ya están comprometidos. “Queda el 15% donde sí se podrían afectar a la población y tener implicaciones muy negativas en términos de corregir problemas estructurales de la economía”, dijo Arévalo.

Para el director de Economía de la Universidad Central, Juan Manuel Guio, la reducción del gasto no necesariamente se orienta a bajar la inversión social. Pese a esto, resaltó que de darse esa disminución se debería privilegiar otras alternativas orientadas a hacer eficiente el funcionamiento del Estado. “El trasfondo, lamentablemente, es que es más fácil tomar medidas de corto plazo como disminuir la inversión social”, puntualizó Guio.

A la postura de Guio se une Corredor, quien afirmó que la reducción del gasto implicaría recortes en la política social, algo que no es deseable. “La iniciativa de decir que se va reducir el gasto no es tan sencilla y no es la única manera, por eso se ve viable que se realice una reforma tributaria a final de año”, comentó.

¿Y entonces?

Sobre una posible reforma tributaria a final de año, los analistas contrastan, pues, para Guio “es poco probable que la veamos a final de 2019, sin embargo, hay que ser consciente, la ley de financiamiento no ha tenido los resultados esperados”.

Para Corredor, reiterando los resultados de la ley de financiamiento “debido a las necesidades de cubrir o por lo menos de enfrentar el repunte de la pobreza y la pobreza extrema todo apunta a que para finales de este año se debe estar hablando de una reforma tributaria”.

En el contexto de lo que ha ocurrido en el país durante los últimos 20 años, donde se ha realizado una  reforma tributaria cada 18 o cada 20 meses, Arévalo se suma a Corredor y dice que “no hay un cambio importante en el mercado o en las políticas del Gobierno, por lo que es muy probable que tarde o temprano y más temprano que tarde se haga nuevamente una reforma tributaria”.

Para finalizar el director Guio, expone que lo que pasa es que este tipo de políticas como tiene un impacto fuerte en materia de cómo se presentan y cómo se venden, “en este caso no sería nada favorable decir que lo que va pasar es que para solventar todo a final de año con la reforma pensional, va incrementarse el tiempo para que las personas se puedan pensionar”.