La idea de implementar la Renta Básica Universal, como medida temporal para contener los daños económicos provocados por la pandemia del coronavirus, comienza a tomar fuerza. Aunque el Gobierno Nacional no considera que sea el momento para implementar la medida, tampoco descarta que a futuro se pueda realizar.
“Es un tema importantísimo como discusión de país, como futuro de nuestra política social. A mí, personalmente, me parece un gran avance en materia de un esfuerzo de política social que se ha hecho en este país”, señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en una sesión virtual con la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.
El jefe de la cartera económica añadió que se trata de "un cambio muy fuerte en la política; no me parece que se trate de una medida coyuntural y estructural donde se reemplazaría nuestra política de gasto muy focalizado, para llevarlo a un enfoque más un universal, donde necesitaremos una gran capacidad de procesar y generar datos”.
Y es que los expertos están de acuerdo en que la Renta Básica Universal es una idea que ha tenido éxito en Europa, como extensión de toda la política de protección social del Estado y son medidas vistas como un estímulo a la reactivación económica, tema esencial en la agenda nacional e internacional una vez se vaya superando la crisis sanitaria de la COVID-19.
“La idea de esto es establecer un ingreso básico universal incondicional y que la medida pueda llegar a la mayor cantidad de la población, como respuesta a las deficiencias de la cobertura del sistema de ingresos, para posibilitar el ejercicio de derechos constitucionales”, explicó el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo.
Jaramillo añade que, frente a la financiación del proyecto, “habría que reorientar toda la política de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, para extenderla más allá de los subsidios, con un ingreso mínimo vital, que permita garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales para la población más necesitada”.
Otros expertos señalan que, aunque la propuesta podría desarrollarse en el futuro, no es este el momento para hacerlo, pues las capacidades financieras del Estado no están en su momento más óptimo, motivo por el cual no hay recursos suficientes.
“Fiscalmente no es viable. La posición fiscal que va a tener el país después de la epidemia va a ser muy precaria, de manera que no encuentro un espacio para la financiación”, señaló el profesor de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo. El académico añadió que “lo que sí se puede hacer es avanzar en algunos pasos previos para poder ponerla en práctica, pensando en un programa complementario del ingreso formal con este tipo de rentas”.
Además, dice que resulta fundamental dejar claro desde el principio si esta medida será de carácter transitorio o buscará hacerse un espacio en la estructura económica el país. “Hay que diferenciar si la idea de la renta básica es una respuesta a la emergencia o a los problemas estructurales de pobreza e informalidad que hay en Colombia”, concluyó Restrepo.
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Congresistas hacen llamado
Con el ánimo de subsanar los daños económicos sufridos en el país como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, un grupo de congresistas firmó una carta pidiéndole al presidente de la República, Iván Duque, la implementación de la Renta Básica Universal como medida para contener los daños del creciente desempleo y la reducción de ingresos en los hogares colombianos.
“La única manera de contener el crecimiento de la curva de contagio, que se observa con angustia día a día, es poder garantizarle ingresos a los colombianos para que puedan permanecer en sus hogares el tiempo suficiente. Por esta razón, insistimos en implementar la Renta Básica consistente en un salario mínimo durante 90 días para nueve millones de hogares beneficiando a 30 millones de colombianos”.
En el documento, se destacan estudios de Fedesarrollo, los cuales indican que la pobreza llegaría a niveles del 31,9 %, lo que representa 2,3 millones de personas adicionales bajo la línea.
“Las cifras son claras, los ciudadanos colombianos, en especial los nueve millones de hogares más vulnerables, no dan más espera, se les han restringido todas sus opciones de devengar un mínimo vital para cubrir las más básicas necesidades primarias. Es hora de tomar medidas efectivas que tengan un impacto real en la población que más se ha visto golpeada por la crisis”, señala.
Los congresistas indican que el costo fiscal de esta medida oscilaría en 7,9 billones de pesos al mes. Como el programa sería de tres meses, el costo total sería 23,7 billones, es decir, el 2,3 % del PIB nacional.
Además, indican que, si se tiene en cuenta el funcionamiento de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, la devolución del IVA e Ingreso Solidario, el costo neto de la Renta Básica sería de 20 billones de pesos, que es lo mismo que el 2 % del PIB.
Frente a las posibles fuentes de financiamiento de la medida, los firmantes indican que se puede recurrir al Fondo de Mitigación de Emergencias, créditos internacionales, posibles créditos directos del Banco de la República al Gobierno Nacional, recursos ahorrados en la reducción de gastos de funcionamiento no indispensables y recursos provenientes de la reasignación de gastos en proyectos postergados por causa de la emergencia.
“Es urgente que el Gobierno Nacional, actúe con diligencia y eficacia para detener los efectos adversos que ya estamos viviendo, pero que irán empeorando con el paso del tiempo, deteriorando la estructura fundamental de nuestra sociedad y economía, que se reflejará en la pérdida de confianza en las instituciones democráticas, lo que sólo dejará caos, pobreza y pérdida de vidas, como se ha empezado a ver en los primeros pronósticos publicados”, indicó.
La carta fue firmada por Roy Barreras, Jorge Robledo, Guillermo García, Roosvelt Rodríguez, Rodrigo Lara y Alexander López, entre otros.
