Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional declaró inexequible toda la reforma tributaria del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, más conocida como Ley de Financiamiento que buscaba recaudar unos $7 billones, lo que según diferentes centros de pensamiento, gremios y universidades traería consecuencias negativas para la economía del país.

Los magistrados tomaron esta decisión por los vicios de procedimiento que ocurrieron el día en el que se aprobó la Ley de Financiamiento en el Congreso. 

“El vicio es insubsanable, una vez adoptada la decisión de la inexiquibilidad se determinó la necesidad de modular sus efectos, la decisión será a partir del primero de enero de 2020 puesto que sino ocasionaría un vacío en el recaudo para este año”, afirmó la presidenta de la Corte, Gloria Stella Ortiz.

De este modo, la Ley de Financiamiento se aplicaría hasta el 31 de diciembre y durante este tiempo el Gobierno tendría la posibilidad de aprobar una nueva tributaria en el Congreso. De lo contrario, se volvería al régimen tributario existente antes de la entrada en vigor de la Ley 1493.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al conocer el fallo advirtió: “Tumbar la ley pone en serio peligro la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas y un impacto en la confianza inversionista”.

En declaraciones a la presa, el funcionario notificó que podrían venirse tiempos de desaceleración en el crecimiento económico en la próxima década en 0,9 puntos, disparo en el desempleo que cubriría a otras 400.000 personas el año entrante y un disparo en la deuda pública,  en 2021, al 54,7 % del Producto Interno Bruto. 

Bruce Mac Master, presidente de la Andi dijo que “la economía podría perder cada año cerca de 0,8% y 1% anual y esta caída podría ser acumulativa. Perder esto nos va a poner más atrás para la lucha contra el desempleo y la informalidad. Para que tengamos oportunidad de disminuir el desempleo, tenemos que crecer a tasas superiores a 3,5%”.

Los contrastes

En ese sentido, otro concepto emitido por el Consejo Gremial en conjunto advirtió que la declaración de inexequibilidad también pondría en vilo el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas del Estado, lo que tendría serias repercusiones en el bienestar de los colombianos pues el Gobierno tendría que recortar el gasto y con ello se podrían desfinanciar los programas de inversión social, educación, seguridad y defensa, entre otros.

Por su parte, según el concepto emitido por Fedesarrollo a la Corte, esta caída provocaría que el crecimiento económico del país podría caer cada año 0,8 puntos porcentuales por lo que se podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal.

“Si esperábamos que para 2020 la economía colombiana iba a crecer a un ritmo de 3,5% ahora solo sería de 2,7%. Si bien una declaratoria de inexequibilidad podría, en principio, conducir a un mayor recaudo, consideramos que los costos en incertidumbre, inversión y menor crecimiento que se generarían con esa declaratoria sobrepasan los eventuales beneficios derivados de un posible mayor recaudo”, afirmó a LR hace unos días Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien sugirió al Alto Tribunal darle el visto bueno a la Ley.

Hay que recordar que esta Ley es uno de los ejes principales para que la economía crezca a un ritmo de 4,0% en el mediano plazo. No solo se prevé que su efecto incrementará el recaudo tributario al pasar de 0,1% del PIB en 2019, a 0,4% del PIB en 2022 y 0,7% en 2030, sino que también se estima que ayudará a elevar en cerca de 3,4% la inversión en 2019 para llegar a crecer 5,4% en 2020.

Respecto a la Ley, el propio Carrasquilla opinó hace unos días que si la Corte tumba la Ley se dejaría de recibir a 2030 el equivalente a un PIB anual, es decir, cerca de $900 billones.“Eso nos da el equivalente más o menos a un PIB anual de Colombia. Perdemos 10% de nuestra capacidad de ingreso de un tanganazo”, sentenció. 

Congreso de la República evalúa plan B

Luego de que la Corte Constitucional tumbara la Ley de Financiamiento, en el Congreso de la República se empezó a hablar de cuál sería el plan B que se tendría para ayudar al gobierno a cuadrar sus finanzas.

Por ejemplo, el senador y expresidente Álvaro Uribe sostuvo que “hacia delante confiamos en que se pueda tramitar una norma de estímulo a la inversión privada”. También indicó que no se pronuncia sobre la sentencia, “pero sí consideró necesario que los inversionistas tengan un parte de tranquilidad pese a que se declaró inexequible”.

El congresista David Barguil, por su parte, señaló que se debe respetar la decisión, pero explicó que se tiene que conocer el fallo. También consideró que “la norma se mantiene hasta el 31 de diciembre, lo cual tiene la estabilidad del presupuesto general del 2019”. Planteó, finalmente, que se debe analizar bien qué pasará el año próximo y consideró que no sería necesario acudir a la emergencia económica.

El liberal Guillermo García, vio la caída de la ley como una opción de beneficio al gobierno: “hay más beneficio que le trae al país, porque va a recuperar 10 billones de pesos que había concedido en beneficios tributarios a ciertas multinacionales, hay observaciones sobre la estabilidad jurídica, eso se soluciona con una ley específica. Gana el país sin la ley de financiamiento”.

Desde Cambio Radical, el senador Richard Aguilar, uno de los que estuvo al frente de la discusión que se dio el año pasado en el Congreso de la República, señaló que “estamos perdiendo la oportunidad para que las empresas tengan una menor carga tributaria y los 8000 beneficios del régimen simple de tributación quedarían en un limbo jurídico”.

La representante a la Cámara Katherine Miranda, al respecto del fallo sostuvo que “lo que va a pasar es que el gobierno debe hacer una reforma estructural, no pañitos de agua tibia y pensar si le va a mantener las exenciones tan enormes de 9 billones a las empresas o si de verdad hace una reforma para que los que tienen más paguen más”.

El senador Fernando Aráujo sostuvo que “queda en entre dicho algunas fuentes nuevas de financiación, pero lo más grave es que los incentivos que creó la ley de financiamiento se verán hasta el otro año. La misma buscaba bajar la tarifa de renta a las empresas”.

Ley buscaba $7 billones

Con la Ley de Financiamiento, el Gobierno del presidente Iván Duque pudo dar vía libre a los $258,9 billones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2019, al que le faltaban $14 billones y se consiguieron unos $7 billones.

A pesar de los cambios que tuvo a lo largo de su trámite como la caída de la extensión del IVA a la canasta familiar, la reforma incluyó un paquete de alivio tributario para las empresas como la devolución del  100% del IVA sobre las inversiones de bienes de capital, le impuso un gravamen más alto a las personas naturales de mayores ingresos y le dio más dientes a la administración tributaria.