Aunque el presidente Juan Manuel Santos reconoce que la reforma pensional es un tema urgente, al Gobierno se le agotó el tiempo para adelantar su modificación.

La tarea se la deja al siguiente mandatario y mientras tanto, el hueco pensional y el debilitamiento del sistema alerta un cambio pronto.

Más allá de propuestas, como cerrar Colpensiones, aumentar la edad de jubilación, eliminar los subsidios o quitar la pensión mínima, existe un profundo debate respecto a cómo resolver tres problemas fundamentales: la baja cobertura, la desigualdad pensional y la sostenibilidad financiera.

Lo que muestran las cifras oficiales es preocupante: un sistema en el que 44% de la población ocupada está afiliada y activa, pero solo 34% de esa población cotiza; 70% de los pensionados no recibe más de dos salarios mínimos como mesada y tanto solo 8% está por encima del rango de los cuatro salarios mínimos, lo que lo hace un sistema inequitativo, como lo dijo el  viceministro de Empleo y Pensiones, Francisco Javier Mejía.

Sin que esta situación no deje de ser alarmante, lo más preocupante es la sostenibilidad financiera del régimen público, incluso, el propio Gobierno admite que el hueco pensional ya va por los $38,2 billones, es decir, hay que conseguir esos recursos para pagar las pensiones de los 1,25 millones de pensionados que tiene Colpensiones.

El problema es causa de los subsidios que en palabras simples se traduce como el dinero que da el Estado para cumplir con la mesada pactada de los pensionados, pues los ahorros de estos no son suficientes para dividir su pensión en la expectativa de vida.

“Una reforma pensional es prioritaria, porque en Colombia estamos gastando 4% del PIB, es decir, más de 25% de los ingreso del Gobierno en pago de pensiones que llega a poco más de 20% de las personas mayores del país. A futuro ese porcentaje de adultos sube”, dijo Leonardo Villar, director ejecutivo del centro de estudios Fedesarrollo.