El estudio ‘Impacto de los subsidios estatales sobre el mercado laboral en Colombia’, corrobora que subsidios estatales como Familias en Acción o el régimen subsidiado de salud, estimulan hasta en 10 % la informalidad laboral en el país.
El Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, dirigido por el economista Stefano Farné, explica que estos dos subsidios, de cinco analizados, son tan valorados por quienes los reciben que frente a la posibilidad de obtener un empleo formal prefieren rechazarlo para no perder los beneficios que se entregan a través de los programas asistencialistas.
El análisis del Departamento de Seguridad Social y Mercado del Trabajo de ese centro de formación superior, que contó con el apoyo de los investigadores David Rodríguez y Paola Ríos, explica que entre enero de 2009 y diciembre de 2014 aumentó de 700.000 a 3 millones el número de hogares colombianos que recibieron ayudas en dinero del Estado, según estadísticas del DANE, y casi el 100 % de esas ayudas correspondieron a transferencias entregadas por el Gobierno.
El estudio del Externado habla de dos tipos de subsidios: los condicionados y los no condicionados. De los primeros, da cuenta de Familias en Acción, que tiene como requisito de que los niños asistan al colegio y periódicamente al médico, y cuyos beneficiarios pasaron de 2,5 millones en 2010 a 2,7 en 2014.
Mientras que los no condicionados se refiere a ayuda monetaria mediante programas como Colombia Mayor, que de 480.000 beneficiarios en 2009 paso casi a un millón y medio de beneficiarios en 2014.
De acuerdo con el Observatorio del Mercado de Trabajo del Externado, tanto las transferencias condicionadas como los subsidios, terminan favoreciendo la informalidad por dos razones.
“Por un lado aumentan el costo oportunidad de volverse formal y, por el otro, la informalidad dificulta el monitoreo de los ingresos de las familias beneficiarias y, por ende, garantizaría la continuidad de la entrega de las ayudas que, de otra forma, se perderían si algún miembro del hogar aceptara un puesto formal”, señaló el estudio.
Al respecto, los expertos recuerdan que entre 2009 y 2012 el Gobierno amplió la cobertura de derechos en materia de salud hasta unificarlo con los del Plan Obligatorio de Salud (POS).
Bogotá | Colprensa
