En los dos años del Gobierno, uno de los mayores logros de la Superintendencia de Transporte es el inicio de las devoluciones de dineros a los vigilados que fueron afectados por el cobro de multas de manera ilegal, entre 2016 y 2018.

Ya son 60.000 expedientes que están siendo revisados de manera minuciosa por un grupo élite de la Supertransporte y que representan más de $171.000 millones. Esto, debido a la declaratoria de nulidad, en 2016, de varios artículos del Decreto 3366 del 2003 por parte del Consejo de Estado.

A la fecha se ha exonerado a los empresarios afectados por estos cobros ilegales del pago de más de $5.953 millones, correspondientes a 1.672 obligaciones, las cuales estaban pendientes de pago y que fueron revocadas en virtud de lo establecido por el alto tribunal. Así mismo, se han revisado más de 25.000 expedientes.

En octubre de 2018, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, formuló una consulta ante el Consejo de Estado sobre las sanciones impuestas por la Supertransporte. En marzo de 2019, los magistrados señalaron que la nulidad declarada por el mismo alto tribunal, en 2016, generó que las sanciones del Decreto 3366 de 2003 desaparecieran.

El superintendente de Transporte, Camilo Pabón, dijo que “los vigilados que ya pagaron multas y que fueron revocadas, pueden solicitar la devolución de dineros, siguiendo lo establecido por la Entidad y presentando los documentos requeridos, para proceder con el trámite a la mayor brevedad”.