La economía venezolana, que venía mostrando una tímida libertad respecto al férreo control de precios que se mantuvo por 15 años, dio un paso atrás esta semana. El gobierno de Nicolás Maduro anunció precios controlados calculados en petros para 27 productos.
Al mismo tiempo, desde hoy entró en vigencia un nuevo salario mínimo de 400.000 bolívares (2,6 dólares u 8.000 pesos, aprox.) a lo que se suman otros 400.000 bolívares del bono alimentario llamado cesta ticket.
Solo para comer, una familia requiere más de 100 salarios mínimos. El costo de la canasta alimentaria ronda los 355 dólares ($1’065.000), según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas).
“En los últimos días, el Banco Central de Venezuela ha variado su tipo de cambio oficial en más de 265 % en el último mes”, advirtió el economista Aldo Contreras.
Señala, además, que cada variación representa un ajuste en los precios de venta (fijados en petros, que al final tienen como referencia el dólar americano), mientras los ingresos formales permanecen estáticos, pues el aumento salarial está expresado en bolívares, por lo que cada vez el venezolano puede comprar menos artículos con la misma cantidad de dinero.
Contreras teme que los nuevos controles de precios se traduzcan en la proliferación de revendedores minoristas, conocidos en el país como ‘bachaqueros’, cuyo impacto en el mercado interno de Venezuela había disminuido desde la flexibilización de la economía que el gobierno venezolano implementó a finales de 2018.
“También está el tema de los miles de venezolanos retornados que están ingresando por las fronteras y que al no encontrar un nicho en el mercado productivo, no tienen más alternativa que engrosar las filas de la informalidad o la delincuencia”, agregó.
Respecto a la liquidez, el experto apuntó que solo el 18 % de la masa monetaria circulante en Venezuela está expresada en bolívares, mientras el 82 % restante está compuesto por pesos colombianos, dólares americanos y euros, “lo que implica una dolarización de facto que hace que el bolívar poco a poco vaya desapareciendo como moneda de curso legal”.
Empresas en riesgo
Junto al aumento salarial y el control de precios, el gobierno venezolano ha retornado, además, a una fase de fiscalización y ocupación de empresas privadas, sobre todo, en el ramo de la producción de alimentos.
Freddy Bernal, representante político de Nicolás Maduro en el Táchira, ejecutó esta semana la ocupación temporal de la empresa Coposa en San Cristóbal, mientras que en las últimas horas al menos 10 empresas han sido sancionadas con multas y en algunos casos se ha ejecutado la venta controlada de los productos, por considerar que incurren en especulación.
La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, recordó que durante los últimos 20 años la población venezolana ha sido testigo de la destrucción del aparato productivo que ha generado una drástica caída en la oferta de bienes y servicios.
“No son un buen antecedente las ocupaciones y las expropiaciones que se generaron a partir del año 2006 en Venezuela, eso es parte de lo que ha generado la crisis económica que hoy está viviendo el país”, precisó la mandataria, para quien resultaría más “sabio establecer acuerdos con todos los entes productores para poder garantizar la producción alimentaria que en este momento permita cubrir la canasta básica de los venezolanos”.
Venezuela ha decretado desde el pasado 13 de marzo una cuarentena social obligatoria que incluye horarios laborales reducidos, cierre de comercios no esenciales (a excepción de alimentos y medicinas), restricciones al acceso de combustible, lo que ha llevado a que miles de toneladas de rubros agrícolas no hayan podido salir a los centros de consumo y ha limitado seriamente la actividad productiva, comercial y de servicios en todo el país.
