Una vez se reiniciaron las labores de la Rama Judicial, el lunes se radicaron dos demandas ante la Corte Constitucional en contra de la Ley 2010 de 2019, también conocida como Ley de Crecimiento Económico.

Estas acciones buscan tumbar, en conjunto, ocho artículos que fueron aprobados el pasado 20 de diciembre en el Congreso, cuando se ratificaron las normas aprobadas en la Ley de Financiamiento.

Una de las demandas, interpuesta por los abogados Carlos Alberto Lemos y Juan Esteban Sanín Gómez, del Centro de Estudios Empresariales Ignacio Sanín Bernal; se concentra en el artículo 92 de la mencionada ley, al señalarla de inconstitucional.

Este punto corresponde a la sobretasa al impuesto de renta para los bancos, con la cual, este año, deberían adicionar 4 % a la tarifa general del tributo, para un total de 36 %; valor que aumentará en 2 % en 2021, para un total de 34 %; y 33 % en 2022.

Con esto, el Gobierno espera recaudar $800.000 millones en el primer año.

Estos serían invertidos en las vías terciarías del país. No obstante, según los demandantes, esta medida viola el principio de equidad tributaria de la Constitución, teniendo en cuenta que para las demás empresas el porcentaje del impuesto será inferior, en el mismo periodo de tiempo.

La otra demanda, radicada por el abogado Andrés de Zubiría, busca que se declaren inexequibles ocho artículos, al considerar que violan el principio de progresividad, es decir, que quienes tienen más dinero paguen más.

“Quienes tienen mayor capacidad de pago son las empresas y son las que deben tributar más, pero se aumenta el impuesto de renta de las personas naturales”, señala en el documento.

En este también se busca tumbar el artículo 144, sobre la autonomía de las licoreras departamentales; el 75 y 76, sobre exenciones para las empresas que hagan ‘megainversiones’ y el 903, que creó el régimen simple de tributación.