Dos años duró la labor de la Cámara de Comercio de Cúcuta como administradora de la Zona Franca. La labor que inició el 15 de octubre de 2015 terminó como estipulaba el contrato, el pasado 26 de octubre.
Carlos Luna Romero, presidente ejecutivo de la entidad cameral, se mostró satisfecho por el trabajo efectuado y dijo que seguirán apoyando el desarrollo del parque industrial, el cual, como ordena la ley, será operado y administrado por una sola empresa: la Zona Franca del Quindío.
El funcionario dijo que la salida no se debió a problemas ni desacuerdos con la Gobernación de Norte de Santander, propietaria del inmueble desde 2016, y aseguró que el objetivo es firmar un acuerdo de voluntades para ratificar el compromiso de seguir trabajando por este importante centro de desarrollo comercial y económico de la región.
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Entre los principales logros de la Cámara de Comercio de Cúcuta al frente de la zona franca, Luna destacó el aumento de usuarios, qué pasó de 8 a 22, gracias al trabajo de fomento realizado para promover la inversión. Del total de empresas que hoy están apostadas allí, 16 son industriales, 4 comerciales y 1 de apoyo logístico y aduanero.
En el informe final sobresale que el parque industrial pasó de generar 116 empleos a 640 y que la inversión de los nuevos usuarios completó los $750.000 millones, mientras que la de los antiguos sumó $300.000 millones.
Ahora, uno de los principales problemas que tuvo la Cámara durante su administración, fue la no llegada de los $7.500 millones prometidos por el presidente Juan Manuel Santos, para la recuperación de la infraestructura del lugar que estuvo olvidada durante los últimos 30 años.
Luna reconoció que la llegada de estos dineros es fundamental y urgente en la proyección de la Zona Franca y para ello, según las últimas exigencias del Ministerio de Hacienda, se requiere que la Gobernación presente el proyecto.
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El presidente de la Cámara dijo también que el nuevo administrador y la Gobernación deben hacer un plan de inversión a largo plazó y trabajar para lograr la renovación del régimen franco por un periodo mínimo de 20 años, teniendo en cuenta que la vigencia actual se vence en el 2023.
