Colombia asiste a una discusión que arrancó primero en el Congreso de la República donde se aprobó la aplicación de la cadena perpetua a los violadores de niños y asesinos de menores, que sin embargo deja entreabierta una rendija para que la pena no sea tan de larga duración como se presume cuando se lee el término ‘cadena perpetua’.
Resulta que el acto legislativo que contó con 75 votos por el sí en la plenaria virtual del Senado de la República, que tal condena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años, para evaluar la resocialización del condenado.
Por ejemplo, en el tablero de la discusión quedó una advertencia muy válida y contundente del expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, relacionada con el hecho de que al final de cuentas lo que podría ocurrir es que los violadores pudieran estar es gozando de beneficios inesperados.
“En vez de tener las penas de hoy, que son de hasta 60 años, resulta a la postre con una pena menor a la de ahora, y eso es supremamente grave”, es la notificación del especialista en estos asuntos jurídicos.
El exmagistrado José Gregorio Henández al autopreguntarse si la consagración de ese castigo servirá en efecto para desalentar los malignos ímpetus de tan cobardes delincuentes, a su juicio consideró que la reforma constitucional en referencia no garantiza, de por sí, absolutamente nada.
Las voces de estos dos grandes especialistas hacen considerar entonces que una vez la Corte Constitucional le pase revista a ese acto legislativo, son indispensables o hacerle ajustes o sacarla definitivamente del ámbito político y como bandera electoral, porque lo que finalmente podría llegar a presentarse es el desconcierto y la desazón, porque la pena no sea realmente la merecida.
Y en esa marejada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es también ahora otro escenario en el que se ventila el abuso sexual a mujeres en el conflicto armado en Norte de Santander, siendo los victimarios integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc y miembros del Ejército.
Ocaña, Convención, Tibú, Sardinata, El Tarra, la Playa de Belén, Cúcuta, Lourdes, Cucutilla y El Zulia fueron el escenario en que se registraron estas violaciones y agresiones sexuales contra mujeres que en ese momento tenían entre 10 y 43 años de edad.
Como ya es sabido en esta clase de hechos directamente relacionados con el conflicto interno, el informe que se le entregó a la JEP deja ver que las Farc utilizaron la violencia sexual para castigar, dominar y corregir a sus víctimas.
Mientras que frente a los mismos actos sobre los que hay advertencias de haber sido cometidos por la Fuerza Pública, es importante que la JEP asuma el reto que le hace la Corporación Humanas para que investigue y devele la magnitud de la violencia sexual cometida por el Ejército y la Policía Nacional en el marco del conflicto colombiano.
Las sociedades cuando persiguen curar las heridas, aplicar correcciones y prevenir la repetición, tienen que darse la pela y por más doloroso, dramático y estremecedor que sea, es trascendental levantar los velos, castigar culpables, ajustar las normas y adoptar acciones educativas, formativas y preventivas para que en lo sucesivo estas acciones contra la niñez y la mujer queden solamente como un pasaje tenebroso de una historia que no se debe olvidar y siempre analizar.
