Bárbaros. Ese es el título que empezó a ganarse Norte de Santander con lo ocurrido en dos municipios emblemáticos, en cuestión de días. En Cúcuta: el linchamiento de un muchacho que entró a robar en un billar y, en Tibú: el ajusticiamiento de un menor de edad y un joven que al parecer acababan de cometer un robo en una tienda de ropa.
Ahí vemos como la justicia por mano propia lleva a la imposición ilegal de la pena de muerte y al degeneramiento, igualmente peligroso, de que grupos armados lleguen a implantar un sanguinario código no escrito de control y sometimiento de la población.
Al Estado se le debe atribuir aquí una responsabilidad enorme porque realmente hay gravísimas fallas que conducen a hacer notar que su presencia es débil o inexistente, dando pie a pensar que la ley del ojo por ojo y la acción de organizaciones justicieras (llámese guerrilla o paramilitares) es la mejor opción contra la inseguridad ciudadana desbordada.
Estos dos dramáticos hechos ponen a prueba la efectividad de los planes nacionales y locales de seguridad, porque se nota que por más reforzamiento del pie de fuerza y de efectuarse ahora patrullajes conjuntos entre militares y policías, la percepción del ciudadano es que todo sigue igual.
Para completar, hay otros detonantes, como aquel de una justicia en donde el mejor abogado es el vencimiento de términos que lleva a abrirles las rejas a los delincuentes, asunto que provoca una pérdida de credibilidad en la administración de justicia en Colombia.
Otro elemento perturbador que es indispensable no solo debatir sino solucionar ya, es tanto el hacinamiento carcelario como la mezcla de los condenados con quienes están sindicados e incluso los presos por delitos menores. Esto en últimas conlleva a que las prisiones en lugar de ser el lugar en que se rescata al hombre, terminan siendo el sitio en que se forma a nuevos delincuentes.
Pero a la sociedad también le cabe un alto grado de responsabilidad. Siempre hay una justificación y por redes sociales se volvió natural ver videos de ‘la aplicación de la paloterapia’ a quienes son atrapados robando.
La tendencia de “por algo será que les pasó eso o que no estarían rezando o que esas niñas para que iban vestidas así” incitando a sus violadores, es supremamente peligrosa por el mensaje que lleva implícito de no esperar ahora las eternas horas que se tarda en llegar la Policía, sino que al estilo inhumano se aplica la tortura y muerte.
Para el recuerdo de salvajes temporadas que tuvimos que padecer por aquí, no más recordemos lo que llegaron a hacer algunos paramilitares en Cúcuta que atacaban a jovencitas por vestir blusas ombligueras o a muchachos por llevar el cabello largo.
A esos extremos conduce que unas organizaciones armadas ilegales lleguen a aplicar la temible ‘limpieza social’, como hace poco amenazó la banda criminal los Pelusos o las acciones que cometen las disidencias de las Farc, que fueron señaladas por la Policía del ajusticiamiento de los dos jóvenes en territorio tibuyano.
Esto que dijo un habitante de Tibú es de extrema gravedad: “Acá las Farc y el Eln ha dicho que al que agarren robando lo asesinan, como ya ha sucedido varias veces y aunque la Policía y el Ejército se dan cuenta, nadie hace algo para evitarlo”.
Además, no olvidemos que la indiferencia puede degenerar en la generalización de esto que estamos viendo por estos días.
