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Editorial
Ahora, el POT
Hay diversidad de hechos que muy bien encajarían en una decisión como la que se tomó en Bogotá.
Miércoles, 6 de Noviembre de 2019

¿Seguir el ejemplo que el Concejo de Bogotá dio?  Debería evaluar ese mensaje la actual corporación administrativa municipal de Cúcuta que está con el sol a las espaldas y en la cual, por mandato ciudadano, apenas unos cuántos concejales repetirán en el periodo 2020-2023.

En la capital colombiana los cabildantes hundieron el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la administración que ya está por terminar y le dejaron el camino expedito a la alcaldesa electa, Claudia López, para que ella presente y tramite el suyo.

¿Por qué no hacer lo mismo aquí? ¿Cuál es el afán? Además, no olvidemos que la formulación del documento del POT para los próximos doce años estuvo plagada de inconsistencias, que incluso en el pasado cabildo popular hicieron su reaparición.

Aquí, el solo resultado electoral que mostró un rechazo a la clase política actual al llevar a la Alcaldía al ingeniero Jairo Yáñez, coloquialmente conocido como el viejito del megáfono, por sí solo debería ser suficiente argumento para que el renovado mandato popular tenga la posibilidad de trazar la hoja de ruta de la ciudad para planificar y ordenar su territorio.

Eso sería desde el aspecto meramente político, porque desde el punto de vista técnico y de elaboración y fundamentación del POT que se elaboró por una firma consultora en la que estuvo rondando el ‘fantasma’ del encarcelado exalcalde Ramiro Suárez Corzo, hay diversidad de hechos que muy bien encajarían en una decisión como la que se tomó en Bogotá.

No hay que olvidar una decisión en primera instancia de la Procuraduría Provincial de Cúcuta para destituir e inhabilitar al exdirector de Planeación Municipal, José Orlando Joves, porque una de las integrantes de la unión temporal que iba a hacer el POT, Eimy Julieth Suárez González, es hija de Omaira González (esposa de Suárez Corzo), quien era secretaria del Posconflicto, cuando se firmó ese contrato.

Las debilidades del documento que finalmente se levantó para llevarlo a consideración, discusión y aprobación o no del Concejo, se evidencian en un aspecto tan crucial para una ciudad, como lo es el relacionado con la ampliación de la malla vial y la probable consolidación de un sistema de transporte masivo. Para esto no se dejaron o marcaron zonas de reservas con el fin de trazar nuevas calles ni corredores para el tráfico de pasajeros, según la modalidad que se elija.

Situaciones como esa dejan en el ambiente la sensación de que en el diagnóstico y trabajo ejecutado por la firma encargada de consolidar el documento no se llevó de manera adecuada el procedimiento de socialización del POT que delineará nuestra ciudad hasta 2030, hecho que representaría querer que en el Concejo, a las carreras y contrarreloj, se corrijan y enderecen los entuertos y se delinee la Cúcuta deseada.

Si eso va a ser así, mejor apague y vámonos porque pudiera venirse otra temporada de un crecimiento urbanístico desordenado con enormes riesgos en el campo ambiental, con grave impacto para el ciudadano, quien seguirá perdiendo espacios y calidad de vida. Entonces, el balón está en la cancha del Concejo actual y de la futura administración que se instala el primero de enero del año entrante en Cúcuta: seguir adelante y votar lo que está hoy planteado, o llegar un nuevo gobierno y un remozado Concejo a definir del que se esperaría, por parte de todos, un mejor POT para esta ciudad fronteriza.

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