Así como en Cúcuta y el área metropolitana se insiste en que es urgente  contar con el estudio sobre los riesgos sísmicos, en Norte de Santander las emergencias que está ocasionando la temporada de lluvias nos está diciendo que algo pasa y que es indispensable acudir a los análisis científicos para levantar un mapa de riesgos actualizado.

Hace trece  años, la naturaleza destruyó el casco urbano de Gramalote que debió levantarse en otro lugar. Hoy, en cuestión de semanas surgen alarmantes situaciones como los desprendimientos de tierra que taponaron la carretera Chinácota-Toledo y, ahora, la situación llegó nada menos que a una vía nacional: la carretera Cúcuta-Ocaña.

Luego ha llegado el momento para que se haga una evaluación general del departamento con un estudio y mapas sobre los riesgos que tiene esta región del país, en cuanto a fallas geológicas, por ejemplo.

Esa verificación técnica con soportes es indispensable levantarla con la respectiva actualización de censos de las poblaciones más amenazadas por deslizamientos, inundaciones, desprendimientos de rocas, las remociones de material lento pero persistente que van provocando destrucción y las posibilidades de avalanchas y otros fenómenos catastróficos.

La inversión en esa tarea es ya una urgencia real a la que nadie le puede dar la espalda y es indispensable que Gestión de Riesgo en el ámbito nacional tenga en cuenta a Norte de Santander en una labor de esa envergadura, para poder tener previstos los planes de contingencia y las acciones que se deban tener presentes para su mitigación o, incluso, proceder a las evacuaciones y reubicaciones de poblaciones.

Es necesario evitar que estas situaciones se sigan acumulando y que las respuestas sean simplemente para atender los casos puntuales que se registren en algún momento, puesto que lo urgente es tener esos estudios y recomendaciones para la consolidación de planes estructurales para enfrentar estos peligros latentes y de alto riesgo.

Sin embargo, no podemos contentarnos con solamente los estudios y las sugerencias, puesto que para transformarlas en medidas palpables el siguiente paso debe estar dirigido a la consecución de los recursos e inversiones nacionales y regionales en este campo.

Hay que  transformar a la mitigación y la prevención en una opción de primer orden en los ámbitos departamental y municipal, con importantes partidas presupuestales para  que estos proyectos tengan una ejecución garantizada en el tiempo.

Lo que estamos viendo nos indica que no podemos seguir actuando de manera reactiva cuando por un aguacero se taponan las vías o se producen deslaves, puesto que si tuviéramos esos diagnósticos y estudios se podría anticipar qué hacer incluso para disminuir el impacto de esas eventualidades que envuelven letales amenazas.

Lógicamente, para que todo funcione es indispensable entrelazarlo con las políticas de cuidado y preservación medioambiental,  tan indispensables en la consecución de las metas que se tracen, las cuales se refieren a la protección de la vida, la economía, la infraestructura, el agua y la eliminación de situaciones de alta peligrosidad para diversos municipios y corregimientos.

La lluvia y sus efectos han hablado. Llegó la hora de responderles a los nortesantandereanos que están viendo como el departamento sufre severos daños por los impactos de la crudeza de los fenómenos climáticos,  que en estos tiempos nos han venido marcando.