Se acuerdan que las urgencias del Hospital Erasmo Meoz no daban abasto para atender a los pacientes nortesantandereanos y que en medio de esa situación tuvo que afrontar la oleada de personas llegadas de Venezuela en busca de cura a sus dolencias, ocurriendo situaciones parecidas en Arauca, La Guajira, en Santander, Bogotá y en ciudades de la costa, por ejemplo.
Y como no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista, el Gobierno Nacional adoptó una sanadora decisión para la salud financiera de IPS públicas y privadas de 32 entidades territoriales, que desde 2017 han prestado servicios a población migrante irregular y no afiliada, con la destinación de $500.000 millones.
Con eso se saldará buena parte de la deuda, siendo una especie de medicina reanimadora para las finanzas de la red pública que en el caso específico nortesantandereano corresponden a $73.560 millones que caen muy bien y tienen que ser eficientemente utilizados sin caer en tentaciones de usarlos para menesteres distintos a la vigorización de los servicios en sus distintos niveles.
Ya el mismo gobernador Silvano Serrano marcó la directriz sobre el rumbo que se les debe de dar a estos dineros tan esperados, cual es el de facilitar el fortalecimiento de la capacidad de atención a la población de Norte de Santander y mejorar la prestación de los servicios con calidad y con oportunidad.
Por ejemplo, al hospital Erasmo Meoz le caería como una inyección reanimante la posibilidad de lograr la materialización del proyecto de la torre para la ampliación del servicio de urgencias, utilizando el mecanismo de la cofinanciación con buena parte de los dineros que le girará directamente la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Bien podríamos decir que ha llegado un regalo de Navidad que hablando en términos de compensación indica que la actuación humanitaria de tenderles la mano a quienes cruzaron el río Táchira porque en su país la crisis golpeó y dejó prácticamente en ruinas el sistema sanitario, ha arrojado sus frutos.
En estos tiempos de fin de año, en que es bueno reflexionar, no olvidemos que estamos en medio de la histórica oleada migratoria regional que hoy alcanza cifras de 4,9 millones de venezolanos asentados en América Latina y el Caribe luego de salir de su país, refugiándose en Colombia 1,8 millones de ellos.
Numerosos momentos, proyecciones y situaciones muy particulares se han vivido a lo largo de este asunto. Por ejemplo, cómo olvidar que el Fondo Monetario Internacional ha calculado que la atención a la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela tendrá un impacto fiscal en el país, entre 2021 y 2023, del 0,6 % en el Producto Interno Bruto (PIB).
Y hechos curiosos tampoco faltaron. Como el de aquella oportunidad, cuando en febrero de este año el ahora presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Jairo Cristo Correa, dijo que se amarraría a las rejas del hospital de Cúcuta para presionar el pago de esos recursos por parte del Gobierno Nacional.
Ahora, después de esa temporada inusual, que llenó de experiencia a nuestros hospitales y clínicas locales, lo que debe venir es precisamente una jornada de buen viento y buena mar para los centros asistenciales y que el Ministerio de Salud, la cooperación internacional, el Congreso y la cartera de Hacienda entiendan que la institucionalidad sanitaria requiere siempre tener un poderoso brazo financiero.
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