Dos  días después del asesinato de una candidata liberal a la Alcaldía de Suárez (Cauca), en San Calixto se registró un atentado contra una aspirante a gobernar ese municipio del Catatumbo, región en la cual también Rubén Zamora, exintengrante de las desmovilizadas Farc, fue intimidado por un grupo disidente de esa guerrilla que le quemó la camioneta y despojó de sus armas a los escoltas de quien ahora busca un escaño en la Asamblea de Norte de Santander.

Estos hechos ponen de manifiesto que el factor de la violencia entró a jugar como factor desestabilizador de las elecciones regionales previstas para octubre. Es tan grave, que la alarma se extendió hasta la esfera global donde la ONU condenó y lamentó los ataques que amenazan y cobran la vida de personas comprometidas con la democracia en Colombia.

En un conteo de la Misión de Observación Electoral, en desarrollo de la campaña política se contabilizan 19 amenazas, 15 secuestros y cinco asesinatos, asunto que también motivó a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse. 

En 418 de los 1.120 municipios del país hay “riesgo” para el desarrollo del proceso electoral por presencia de grupos armados ilegales, lo cual constituye una “amenaza” para ese ejercicio democrático, es en resumen la alerta lanzada por ese organismo.

El escalamiento del conflicto tiende a reducir los espacios para que la gente pueda tomar sus decisiones democráticas sin intimidaciones o constreñimiento, degenerando en una situación que choca contra los principios y libertades que le permiten al ciudadano elegir o ser elegido y expresar libremente sus simpatías partidistas, sin que por eso termine siendo perseguido o amenazado.

A las autoridades nacionales, departamentales y municipales  en una misión coordinada con Ejército y Policía, al que con la Fiscalía y la Sijín, emprender las acciones conducentes a bajar la presión y a garantizar la vida de los candidatos a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles que recorren sus departamentos y municipios en pos del apoyo popular en las urnas, el 27 de octubre, pero que en esa tarea se han encontrado con nulas, muy pocas o débiles garantías, por la persistencia de los factores de violencia.

Resulta importante el anuncio y compromiso hecho por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, de que “los violentos no nos amedrantarán” y que se intensificará el seguimiento del proceso electoral por intermedio de las Comisiones Departamentales donde participan las autoridades regionales y locales.

Los partidos políticos, los grupos significativos de ciudadanos y la comunidad esperan que se logre en esta etapa de la campaña electoral, definir estrategias urgentes para que acontecimientos como los mencionados al comienzo no empañen más el actual proceso y, que por el contrario, este debate con miras a elegir a los futuros gobernantes municipales y departamentales logre transitar durante lo que resta de campaña en un ambiente sin intimidaciones ni ataques y con baja intensidad en materia de polarización.

No hay que olvidar que la democracia local es la piedra fundamental sobre la que descansa la institucionalidad, porque sin una participación libre y espontánea y con un pueblo cercado por la intimidación y la violencia, los resultados serán distorsionados o tal vez la ganadora sea la abstención o hasta aquellos sectores interesados en que una escasa o disminuida presencia de electores los ayude a perpetuarse en el poder.