Es la guerra entre el capital y el bienestar del hombre y la sociedad derivados de su entorno. Es el poder supranacional de las grandes mineras mundiales contra la humildad y el querer básico de las familias de pueblos y aldeas colombianas.

Y, como consecuencia, surge la evidencia de enormes contradicciones en la manera de aplicar la misma norma jurídica según los intereses del gobernante o del poderoso, según haya o no dinero de por medio o razones de política exterior...

Uno de los principios de la organización social, el derecho a la libre determinación de los pueblos, les permite decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.

La Constitución colombiana lo admite cuando, en su primer artículo, define que es este un Estado de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales… Este principio básico lo reconoce todo el mundo.

Menos los defensores de los intereses petroleros y mineros. Por eso, cada que un municipio rechaza la minería en su territorio, representantes del poder del capital suben el tono de su protesta y su rechazo a que las comunidades decidan cómo debe ser su entorno.

Entonces se olvida el contenido de las normas de autodeterminación —derecho que tratan de minimizar— y se descalifica y demerita el conocimiento de las personas sobre sus problemas y las soluciones, y se sugiere que el elector no tiene idea clara de lo que vota, ‘ya que (las gentes) no están en capacidad de comprender que el Estado necesita financiarse’.

La decisión de los ciudadanos de Cajamarca de oponerse a la explotación aurífera de la compañía AngloGold Ashanti en ese municipio tolimense ‘no puede pesar más que las necesidades del Estado de obtener regalías para financiar sus proyectos’, dijo un personaje.

Y en términos parecidos amaneció ayer expresándose Orlando Velandia, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para quien ‘el sector —las petroleras…— está en riesgo con la cantidad de consultas que se están adelantando’ y que ‘no se puede poner en riesgo los intereses del país’.

Significa que ya los pueblos no tienen derecho a decidir cómo vivir, que la autonomía de las entidades territoriales de que habla la Constitución deja de existir, porque pesa más el interés de atentar contra la naturaleza mientras se extrae y transporta petróleo que es, en últimas, lo que ocurre con la explotación de pozos y minas.

Japón y Suiza, para citar solo dos superpotencias económicas, no producen un solo litro de petróleo. ¿Será que los colombianos no podremos, también llegar lejos sin él?

Internacionalmente se exige que al pueblo venezolano, por ejemplo, se le respete el derecho a autodeterminarse y que con base en ello, el gobierno debe ceder, pero ese mismo derecho se les niega a las comunidades colombianas, en un despliegue de incongruencia y de burla a los derechos básicos que ni siquiera vale la pena rechazar.

Los viejos, sabios siempre, en situaciones así argumentan que ‘la salsa que es buena para el paso es buena para la pava’. Y tienen la razón. ¿Por qué es buena la autodeterminación de los venezolanos para darse otro gobierno, pero no es buena para los colombianos que buscan defender la herencia de sus hijos del embate exterminador de los poderosos?

Hay que ser coherentes.