Otro hueco en el presupuesto general de la Nación quedó abierto con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la prohibición de deducir las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las empresas extractivistas.
Por el momento son cuatro de billones de pesos menos para la financiación de los planes sociales y en el otro extremo se convierte en un alivio para los carboneros de regiones como Norte de Santander, que vienen soportando la caída de los precios del mineral.
“Las regalías que se pagan por la explotación de recursos naturales no renovables no corresponden a un gasto discrecional del contribuyente, sino a un pago obligatorio (…) En este sentido, no incrementan el patrimonio del contribuyente”, se expuso en el fallo.
Aquí lo cierto es que el equipo económico del Gobierno Nacional debe ponerse desde ahora en la tarea de hacer los ajustes y hallar las fórmulas para contener esa desfinanciación y no acudir a los roces con argumentos como el del presidente Gustavo Petro de que “literalmente se pasó el dinero que iba a la educación, la salud y la transición energética a convertirse en pura utilidad de las multinacionales del carbón y el petróleo”.
Debe recordarlo muy bien el Ejecutivo que esa es otra de las demandas que pierde en ese tribunal guardián de la Constitución, de las más de 65 que fueron presentadas contra la reforma tributaria.
Si hay semejante batería de recursos legales para intentar la declaratoria parcial o total de la inexequibilidad de determinados artículos, como ese, las entidades encargadas deberían contar con planes alternos, puesto que de lo contrario se podría estar ante posibles ‘cuentas alegres’ presupuestales, que finalmente no podrían cumplirse.
En la Corte Constitucional el paquete tributario ya había sufrido otro revés, al favorecer a los usuarios industriales de las zonas francas del país, que equivale a dejar de recaudar $600.000 millones.
Estas dos derrotas en seguidilla dejan ver a las claras que desde la génesis de la iniciativa en los pasillos de la Casa de Nariño y de los ministerios encargados y, posteriormente, en el trámite y debates en el Congreso de la República para su aprobación, no se tuvieron en cuenta las advertencias sobre vicios constitucionales y jurídicos.
Al escuchar a los analistas que las alternativas para tratar de suplir esos faltantes son el endeudamiento o el recorte de gastos, salta una tercera opción que resulta atractiva, como es el gran saldo en caja de los dineros que se quedaron sin ejecución en este 2023 y que darían algo de alivio para el año entrante. Pero también no sería raro que aparezca por ahí el fantasma de otra tributaria para ser planteada en el 2024.
Luego el panorama no pinta nada bien, razón por la cual se debería acudir por parte del Gobierno a la concertación y la conciliación con todos los sectores económicos, sociales y políticos para que los programas previstos puedan obtener las partidas requeridas, pero sin someter a los renglones generadores de riqueza y empleo a fuertes cargas tributarias.
Lo cierto es que mientras unos aplauden porque quedaron a salvo de medidas asfixiantes la presión a la financiación del presupuesto del año entrante se ha aumentado, trayendo otro síntoma de incertidumbre al país.
