No importa que sea de la extrema derecha y con todo el poder del mundo. Tampoco interesa que se trate de un grupo armado ilegal que amedrenta con su poder de fuego. Eso es lo que en las últimas semanas se ha advertido con las determinaciones de las redes sociales frente a algunos usuarios.

Por ejemplo, el ataque contra el Capitolio de los Estados Unidos, le ha salido caro al presidente Donald Trump -quien lo instigó- porque lo sacaron del mundo virtual donde era seguido por millones de cibernautas. Recordemos que, por ejemplo, Twitter y Facebook bloquearon y eliminaron las cuentas del saliente jefe de Estado. 

E incluso, Parler (conocida como la red social de los conservadores y votantes de extrema derecha)  fue arrasada por esta oleada, siendo cerrada de sus plataformas por parte de Google, Amazon y Apple.

Y aquí en Colombia se acaba de atender el pedido hecho por la Policía Nacional, y Twitter y Youtube suspendieron las cuentas de los disidentes de las Farc, Iván Márquez y Jesús Santrich.

 Mientras tanto, en Cúcuta cuando se registró el incendio que arrasó tres casas en La Castellana ocurrieron dos situaciones en que el ciberespacio estuvo comprometido, por el mal manejo dado al mismo.

En primer lugar llegó a difundirse la foto de un hombre y una mujer que recogen elementos de reciclaje, a quienes los estaban estigmatizando con la falsa acusación de haber arrojado gasolina e iniciado el fuego en una de las casas destruidas, hecho que no fue cierto.

Y, en segundo lugar, se armó una polémica porque fue compartida por las redes una fotografía de los cinco miembros de la una familia que perdieron la vida en dicho siniestro que fue provocado por un cortocircuito.

Esos elementos sirven para indicar que son infundadas las advertencias de que se habría producido una ‘agresión’ a  la libertad de expresión cuando le cortaron el contacto con sus seguidores a Trump y a los trumpistas extremistas los dejaron sin red. 

Por algo será que la Cámara de Representantes le abrió un nuevo juicio al polémico presidente estadounidense, y también algo encontraron las autoridades que ya empezaron a levantar cargos contra quienes entraron a las malas al Capitolio en Washington.

Pero donde se vinieron a quedar sin argumentos de ninguna índole los que han estado rasgándose las vestiduras por esta operación para dejar a Trump lejos de las redes sociales, fue  con lo que acaba de ocurrir en Colombia, donde dos jefes disidentes de las Farc también vieron que el ciberespacio reaccionó contra ellos, cerrándoles las puertas.

Lo sucedido en la sede del Congreso de Estados Unidos ha sido tildado de insurrección e intento de golpe de Estado. “Enfrentamos una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad pública”, fue la explicación de Twitter.

En nuestro país, la Policía Nacional reclamó porque Márquez y Santrich “hacen apología al terrorismo”  y las cuentas fueron suspendidas “al violar las reglas de Twitter”.

Como se ve, la ley es para todos, lo cual es de suma importancia que así sea porque a estos canales de expresión y de contacto no les quedaría nada bien aplicar políticas de doble faz: por un lado complacientes con determinados sectores políticos, económicos y sociales, y por el otro drásticas con otro grupos que las utilizan.