Es una tragedia, por razón de las personas muertas, heridas y afectadas, y solo por esto debe haber un juicio de responsabilidad política que deje en claro los antecedentes de la caída del flamante puente Chirajara. Y, obvio, porque a pesar de estar concesionada a una firma privada, se trata de una obra pública.

Pero, como parecen ir las cosas, tal juicio no ocurrirá. Es decir, no se sabrá el grado de responsabilidad de tantos organismos estatales que tienen que ver con una obra de tal magnitud, desde el ministerio de Transporte hasta el inspector de Policía de la zona, pasando por la Agencia Nacional de Infraestructura.

Porque parece ser suficiente que el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo —para quien, además de ser fortuito el hecho del derrumbe— señalara que “hemos hecho cerca de 5 mil puentes y colapsó uno… Este es un hecho fortuito”.

En realidad, no es tan fortuito, ni siquiera dentro de la que para Caicedo es la trayectoria puentera colombiana. En años muy recientes, cayeron por lo menos otros tres puentes importantes, y varios de segundo orden en zonas rurales donde se afectan los campesinos, que para muy pocos cuentan.

Pero, en lo que tiene que ver con la construcción actual, en Colombia hay grandes fracasos que llevan a pensar en que antes las cosas se hacían mejor que ahora, quizás porque conceptos como honradez, responsabilidad y profesionalismo se entendían de la manera correcta en que hoy no.

En Bogotá, hace tres años, el propio Ejército se vio comprometido al colapsar un puente colgante de 29 mil millones de pesos que une en Bogotá a la Universidad Militar con el cuartel donde viven algunos de sus maestros.

Un año después, cayó al río el puente Guayepo, en Cesar, entre San Jorge y La Mojana. Y hace un año, entre Yopal y Villavicencio, se cayó el puente Chartre. La lista admite el puente entre Montería y Cereté, en la Troncal de Occidente, en 2014.

Hay casos de otras construcciones, como la torre Space, que en Medellín se desplomó en 2013 sobre obreros que revisaban fallas estructurales. Otras torres de la misma obra fueron evacuadas de inmediato, por las mismas razones. Y en 2017, en Cartagena otro edificio, el Blas de Lezo II, levantado sin licencia, cayó como casa de naipes sobre los obreros y, como en el caso anterior, los aplastó.

Y, para completar, hace solo 48 horas, la Fiscalía General ordenó evacuar de inmediato 16 edificios —en 14 de ellos están vinculados los mismos constructores del Blas de Lezo II—, ante el riesgo comprobado de que pueden caerse, en una situación de calamidad pública de la cual no aparecen los responsables.

Las más de 200 familias afectadas se quejan de mil modos de la orden del fiscal. Se niegan a entender que intentan salvarles la vida, puesta en peligro por constructores sin ética, al margen incluso de la ley penal, que parecen confirmar que el problema de la ingeniería colombiana, en muchos casos no es tanto de malos cálculos, sino de corrupción, que se traduce en uso de materiales de mala calidad. Es, para decirlo en términos de albañiles, resultado de mezcla que tiene mucha más arena que cemento.