La sola caída del ministro de Defensa, Guillermo Botero, no implica que los nubarrones sobre las Fuerzas Militares ni la alicaída gobernabilidad del presidente Iván Duque hayan desaparecido. No. Esa es apenas una pequeña consecuencia de los ajustes por hacer.
El grave y triste acontecimiento de la muerte de ocho niños en el bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc, cuyo verdadero resultado se le mantuvo oculto al país, el asesinato de Dimar Torres, en el Catatumbo, la denuncia de The New York Times sobre el posible retorno de los ‘falsos positivos’ y el caso del dossier contra Venezuela acompañado por fotos falsas, hacen ver que evidentemente algo no marcha bien.
Sea quien sea el que llegue a esa cartera, debe coordinar que los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario deben primar sobre las actitudes de perseguir, acorralar y destruir al enemigo por encima de lo que sea, para obtener victorias costosas ante la opinión pública y para ganar aplausos de la galería, que por la polarización se advierte más animada al conflicto armado que a la paz, sin importar los efectos.
Lógico que nadie les está pidiendo a las tropas que antes de atacar les pregunten a los guerrilleros o a las disidencias o a las bandas criminales si tienen niños y niñas, pero y entonces ¿los servicios de inteligencia qué papel están jugando?, porque tampoco sonó bien aquello de que “nosotros no sabíamos que había menores de edad en el campamento. Eso no lo sabíamos...”, como lo vino a decir ahora el general Luis Fernando Navarro, quien está encargado del Ministerio de Defensa.
Que la culpa de lo sucedido son las organizaciones al margen de la ley que incurren en el condenable reclutamiento de menores, de eso no hay la menor duda, pero el Estado colombiano tampoco puede excusarse en ese hecho repudiable, puesto que le resta institucionalidad y fortaleza ante los ciudadanos que esperan de él la protección debida y adecuada, mostrando que no hay territorios vedados para no empezar a mostrar visos de un estado fallido.
En medio de esta vorágine de hechos, el presidente Iván Duque tiene que tomar determinaciones radicales para la gobernabilidad, porque no puede ser que mientras él nombra sus ministros y presenta proyectos, el Congreso le saca a sus altos funcionarios y luego las cortes le tumban normas tan importantes para su andamiaje, como pasó con la reforma tributaria, ahora conocida como Ley de Financiación. Ya se está hablando que en la mira estarían los titulares de la Cancillería y de Agricultura, contra quienes se alistan baterías desde el Legislativo.
El gobernante debe tomar decisiones que tal vez no les acaben de gustar a los más radicales del uribismo, como es entender la pluralidad política, de posiciones y pareceres, porque el choque no acarreará sino más traumas a nuestra patria.
Algunos ajustes en el gabinete ministerial podrían servir para conjurar situaciones que a futuro podrían desencadenar hechos que ahora sorprenden, como lo que está ocurriendo en Chile, cuyo desarrollo económico siempre nos lo estuvieron poniendo de ejemplo a los latinoamericanos.
Ceder por los intereses de Colombia no es claudicar, es anticiparse a más tormentas escandalosas que finalmente afecten aún más a las instituciones o que conlleven a escenarios no deseados, porque los dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias para atajar el desbordamiento. Colombia se merece lo mejor de todos y es hora de demostrarlo.
