Los bombos y platillos con los cuales la Policía y la Fiscalía anuncian las capturas y golpes a organizaciones mafiosas y criminales, se destemplan y suenan desafinados cuando después de las audiencias preliminares resulta que algunos de esos detenidos son enviados a sus casas a disfrutar de la detención domiciliaria mientras continúa el proceso conducente a otras etapas procesales.
Nadie está pidiendo la inquisición o el confinamiento en prisión sin el respeto de los derechos al debido proceso y al habeas corpus, pero ni el ciudadano de a pie ni las víctimas ni los jurisconsultos (con su variedad de posiciones) alcanzan a entender que alguien como el famoso Paisa del WhatsApp recibiera dicho beneficio, así como a otros tres de sus compinches de la temible banda La Frontera. Y peor aún es que si alguien cae por robarse un caldo de gallina, a ella sí la manden a la cárcel sin contemplación.
¿Qué está pasando? Todos escuchamos hablar en Colombia que el combustible que alimenta el conflicto es el narcotráfico, luego si esto es así, por qué personas vinculadas con ese negocio como una mujer llamada Pocahontas, de la estructura vinculada al poderoso cartel mexicano de Sinaloa y encargada de pagar coimas en el Catatumbo, estaba en prisión domiciliaria por tráfico de estupefacientes.
Estos casos corresponden a las más recientes y espectaculares capturas hechas por las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander, lo cual ahonda mucho más las dudas y conjeturas de si la prisión domiciliaria es un premio para quienes no lo merecen, porque hemos visto y oído casos de asesinos que al cometer sus crímenes resulta que tenían el famoso brazalete del Inpec.
Lo que puede estar ocurriendo es un desgaste de ese mecanismo de la prisión domiciliaria que debería ser objeto de una revisión a profundidad por la rama judicial y el Congreso de la República, puesto que para casos de alta evidencia de peligrosidad para la sociedad, debería tener mayores y complejos niveles para llegarlo a conceder.
Por ejemplo, y esto lo deberían tratar los entendidos en la materia, que para casos relacionados con ser parte de temibles organizaciones como las que ensangrentan la frontera, o de aquellos que delinquen en estructuras de la mafia dedicada al tráfico de estupefacientes, la casa por cárcel estuviera prácticamente vedada.
La discusión hay que darla y de ahí llevar unas conclusiones consignadas en propuestas serias y contundentes para una real reforma a la justicia, porque aquí de lo que estamos hablando, es nada menos que de impunidad, porque cuando la ciudadanía se entera de esas grandes operaciones policiales, lo primero que piensa es que las calles fueron liberadas de esos delincuentes.
Pero qué sorpresa es saber que algunos de ellos, acogiéndose al Código Penal, logran que los jueces los cobijen con algo que las mayorías interpretan como un inmerecido premio, generando desasosiego y severos cuestionamientos contra la administración de justicia, porque, no nos digamos mentiras, esa toma de decisiones también provoca desconcierto y asombro en quienes adelantan las labores investigativas, de seguimiento y posterior captura.
Así como en Colombia se están planteando urgentes cambios institucionales y estructurales, es igualmente indispensable la modernización de nuestra justicia para blindarla del mal que transversalmente golpea al país como es la corrupción y para que su aplicación sea justa y equilibrada, dándole a cada quien lo que se merece, cerrando esos vacíos y baches que le restan credibilidad, confianza y brillo al poder Judicial.
