Ahora que nos encaminamos a las urnas a elegir el presidente 2022-2026, ocurre un hecho propio de nuestro conflicto armado interno que niega a apagarse y que sigue dejando víctimas por doquier, como es el cese del fuego por parte de algunas de las organizaciones armadas ilegales.
Eso ha sido considerado como una ‘rama de olivo’ -si se quiere llamar así- para mostrarle al nuevo gobierno que se instalará en la Casa de Nariño, cierta voluntad de sentarse a dialogar para procurar la posibilidad de iniciar un proceso de paz.
En esta oportunidad lo acaba de hacer la guerrilla del Eln, que unilateralmente, anunció que del 25 de mayo hasta al 3 de junio suspende todas las acciones bélicas en las regiones donde tiene presencia.
Precisamente, Norte de Santander es uno de los departamentos donde ese grupo subversivo se mueve en sectores como el Catatumbo y la frontera colombo-venezolana.
La primera sensación que se percibe con dicho anuncio es que ayudaría a bajarle la tensión de inseguridad y de zozobra en los territorios en donde opera el Eln, para que la ciudadanía pueda participar sin temor en las elecciones del último domingo del presente mes.
Pero habría que hacer más y solicitarles o exigirles, por ejemplo a las disidencias del 33 frente de las Farc, a los Pelusos y a otras bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, no amedrantar ni constreñir ni amenazar a la población en esta temporada de elecciones y por tal motivo también decretar un cese de las hostilidades por un tiempo determinado.
El representante a la Cámara por la circunscripción especial para la paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, precisamente hizo un llamado en ese sentido, actuando de manera coherente con el nuevo rol que le corresponde jugar desde el Congreso de la República.
Si eso ocurriera durante una semana por ejemplo, podríamos tener en el departamento un oasis momentáneo de paz, que luego podría significar la búsqueda de acciones desde el nuevo gobierno para el desmonte y entrega y judicialización y procesos de justicia transicional o común, de todas esas organizaciones.
Hemos oído que la mayoría de los candidatos presidenciales cuentan en sus propuestas las alternativas para llevar a cabo la estructuración de un nuevo proceso de paz con el Eln, por ejemplo, pero también avanzar en aquellos aspectos que no se han profundizado en el acuerdo con las desmovilizadas Farc.
Cúcuta y una gran parte del departamento han padecido por años los efectos de la violencia que tiene como ingredientes adicionales el narcotráfico y las transnacionales del crimen que en medio de la crisis fronteriza colombo-venezolana encontraron en la región una forma de disputar el control y acrecentar las jugosas ganancias de las economías ilegales.
Es importante que el nuevo gobierno que se elija en primera o segunda vuelta tenga muy presente la urgencia de emprender las acciones para desescalar la crudeza de una guerra que llevó a la capital de Norte de Santander a figurar mundialmente como una ciudad donde la disidencia de las Farc cometió un atentado contra el presidente y que intentó un cinematográfico ataque contra el aeropuerto.
Ese desbordamiento del conflicto en un departamento que tiene una subregión cultivada con 40.000 hectáreas de coca, y en el que hacen presencia todos los factores generadores de violencia, debe llevar a quienes asuman el poder el 7 de agosto, a tener más presente en su agenda de acciones y decisiones a esta zona donde nace Colombia.
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