El más reciente hecho que puede estar en contravía de la tregua, fue el ‘patrullaje’ por parte de miembros de las disidencias de las Farc, en San Calixto, en una recordación que este grupo ha hecho el mismo tipo de acciones en Tibú, por ejemplo, en un desafío a las autoridades.

Habrá que esperar las consideraciones que se planteen, pero sin duda alguna esto puede llegar a considerarse como una acción de fuerza y demostración de poderío que en últimas termina por intimidar e impactar a la población civil, en una acción claramente hostil.

Si la idea es aclimatar el ambiente hacia opciones que permitan allanar el camino a la Paz Total que es la política impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, los grupos armados que dijeron entrar en el cese el fuego al menos deben tener un compromiso real.

Las ambigüedades y posiciones poco claras en este tipo de  treguas conducen es a una especie de juego de gato y el ratón donde a las escondidas se actúa de una manera mientras que ante las cámaras y la prensa se habla en lenguaje conciliatorio.

En este aspecto se requiere que haya una real consideración frente a lo que esperan los colombianos por parte de quienes precisamente vienen de oponerse al reciente proceso de paz con las Farc, siendo ahora disidentes del mismo.

Es así como entre el primero y 20 de enero del presente año, la Defensoría del Pueblo monitoreó y verificó la ocurrencia de seis acciones armadas ocurridas después de emitidos los decretos de cese al fuego, en cinco de las cuales presumiblemente los autores son de esas facciones que se marginaron del pacto y se abstuvieron de entregar las armas.

Desde comienzos de 2023 en Colombia rige el cese bilateral de hostilidades, por seis meses, que el Catatumbo, en el caso específico de Norte de Santander muestra un doble comportamiento, pues aunque han bajado las acciones de guerra, la población sigue sintiéndose amenazada por las operaciones ejecutadas por las organizaciones armadas ilegales.

El Gobierno Nacional destacó que en el departamento se redujeron en el 2,6 por ciento los homicidios relacionados con el conflicto armado durante los primeros 30 días del presente año.

En la práctica, este cese bilateral en las regiones ha significado la salvación de la vida de soldados y policías como lo destacó el ministro del Interior, Alfonso Prada, cuando aseguró que “se ha protegido la vida y la integridad de varias decenas de miembros de nuestra Fuerza Pública”.

Hay que recordar que no todos los grupos con los que se han entrado en conversaciones y acercamientos tendrán salidas políticas negociadas, por cuanto con unos será mediante un diálogo de paz  y con otros una conversación socio-jurídica para el desmantelamiento de las estructuras de alto impacto del crimen organizado.

Sin embargo, en este momento preocupa es que no se ha logrado consolidar la real suspensión de la afectación humanitaria de la población en territorios no solo como el Catatumbo sino en otros lugares del país.

Lo anterior se manifiesta en que se persisten los casos de desplazamiento forzado, secuestro, complicaciones para la movilidad y dificultades para el retorno, asuntos que mantienen un ambiente complicado para los pobladores que reclaman que en los protocolos se fijen reglas claras para que realmente haya respeto, consideración y acatamiento al Derecho Internacional Humanitario. 

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