Norte de Santander, con el Catatumbo y buena parte de los municipios sometidos al régimen del terror y la zozobra por toda clase de acciones violentas e intimidatorias, merece un cese del fuego indefinido por parte de la guerrilla del Eln, que aquí ha instalado una fuerte estructura.

Está bien que ese grupo subversivo haya decidido un pasajero cese del fuego de seis días para facilitar la jornada electoral y la asistencia a las urnas de quienes quieran participar en los comicios del próximo 13 de marzo.

Pero está mal que este denominado ‘gesto’ sea momentáneo, puesto que lo único que genera es una falsa sensación de normalidad a la población civil, mientras el correr de las horas se convierte como en un tormento a la espera de que se reavive el  enemigo.

Frente a este efímero ‘ramo de olivo’ que fue extendido por el Eln surgen muchas dudas que sobrepasan la tranquilidad que dicho acto podría provocar, si tenemos en cuenta el violento paro armado que acaba de pasar y las acciones contra los pobladores y la fuerza pública en diversos municipios, entre ellos Cúcuta.

El cansancio ciudadano es evidente y la lucha armada que dicen pregonar dichos grupos en búsqueda de reivindicaciones de todo orden ha quedado desdibujada y sin argumentos al ser cooptada por el narcotráfico, que es hoy el más peligroso combustible de la violencia y porque el conflicto se degradó con las prácticas de terrorismo y violación de los protocolos de Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario.

Desde cuando nació, luego de la Constitución de 1991, nunca antes había ocurrido una situación tan delicada como la de suspenderse las actividades en terreno de las comisiones de la Defensoría del Pueblo, como consecuencia de  la escalada violenta.

Con ese marco y atendiendo llamados como el que acaba de hacer la comunidad nortesantandereana de “no más muertos, no más secuestros, no más huérfanos, no más viudas ni sueños truncados por la violencia”, la guerrilla del Eln debe ir más allá y determinar un cese del fuego indefinido.

Desde el punto de vista político si está buscando una reactivación de las negociaciones para la instalación de un probable proceso de paz con el próximo gobierno, el lenguaje de los fusiles y los carros bomba probablemente no es la ruta para llegar con una suerte de posición fuerte a  una mesa de diálogo.

El panorama de 100 masacres, 72.388 desplazados por el conflicto armado y 202 líderes sociales asesinados en 2021, que  describió la ONU en un desalentador informe, es la mejor prueba de que la belicosidad en donde los civiles son los golpeados, quedó en el pasado.

Luego este grupo armado ilegal, que es uno de los que ha llegado a copar espacios que fueron dejados por la antigua guerrilla de la Farc, luego del acuerdo de paz con el Estado en 2016, tiene que entender que la vía armada e intimidante como la que aplica en la frontera, lo deja sin oxígeno entre la sociedad civil.

El mensaje que se envía es equivocado. Puesto que la población en medio de los múltiples problemas económicos que enfrenta y de la seguridad ciudadana reinante, no entiende como mediante bombas y el fragor de las balas se quiera alcanzar una mejor situación, cuando lo que salta a la vista es que el objetivo real sería el dominio de las economías ilegales como el narcotráfico.

Para no sepultar el diálogo, hay que dar algo más que unos cuantos días de silencio de los fusiles y volverlo indefinido para demostrar mayor voluntad de paz.