Ojalá todos los alcaldes de Norte de Santander hayan asistido al V Congreso Mundial de Líderes Locales y Regionales que sesiona en Bogotá. Hay alcaldes del mundo entero intercambiando experiencias en busca de beneficiar a sus ciudades.

Y, además de asistir, ojalá hayan escuchado lo que otros alcaldes tienen para enseñar sobre sus ciudades y sus comunidades, y cómo la mayor parte del dinero presupuestal lo dedican a favorecer a los habitantes como personas, no como solo usuarios de obras y servicios públicos.

Qué bueno fuera que el alcalde de Cúcuta estuviera entre los más interesados en aprender de los demás, para ver si cae en la cuenta de que lo que hace no es lo que se debe hacer por la sexta ciudad colombiana.

Y no se trata solo de que en lugar de negocios inexplicables como una ciudad de hierro que nadie necesita, en otras partes esos recursos los dediquen a educar a los papás para hacerlos mejores cabezas de hogar, o a sus policías, para que sean mejores seres humanos, mejores servidores públicos…

Se trata, sí, de educar, de aprovechar la infraestructura escolar para que siempre albergue a los vecinos ansiosos de prepararse mejor para enfrentar la vida y vivir en comunidad en mejores términos.

Recrear —en el supuesto de que ese sea el verdadero objetivo de construir en Cúcuta un parque mecánico— es necesario. Desde luego. Y mejorar las calles y las obras públicas. Sobre esto nadie alberga dudas.

Pero, si de verdad se quiere un cambio radical en el país, hay que destinarle hasta el último centavo a la educación, a programas democráticos de formación académica y de comprensión de la realidad, a proyectos que determinen que todos los habitantes de la ciudad entiendan que son ellos, nadie más, los dueños reales de la localidad en la que viven, así físicamente les sea hostil.

Habitantes de ciudades como Curitiba (Brasil), le han apostado a algo que los ha hecho ejemplo para el mundo: la apropiación del espacio público, a través de convertir toda la ciudad en aula de clase, en escuela viva y permanente.

Acá, en cambio, con la venia de los últimos alcaldes y de las autoridades de Policía, el espacio público es propiedad privada de poderosas mafias de mercachifles de cuanta cosa es vendible, de los taxistas, siempre abusivos, de los mecánicos informales, de los motociclistas, de los delincuentes, en fin, de minorías peligrosas, y no del millón largo de ciudadanos del Área Metropolitana.

¿Sí son imperiosamente necesarios algunos miradores y parques para los que hay presupuestados miles y miles de millones de pesos? ¿No es, tal vez, mejor, que la mayor parte de esos 3,8 billones de pesos del plan se destinen a mejorar la conciencia cívica y política de los habitantes a través de la educación, a mejorarles el nivel académico, a darles mejores herramientas intelectuales?

¿Por qué, en vez de esas megaobras, no se rescata lo que hay y se les entrega a los ciudadanos para que lo disfruten? Sería un mejor programa, como quizás lo pudieron corroborar nuestras autoridades con sus colegas del resto del mundo.