Gasolina no subirá de precio en las zonas de frontera, fue el título de la información suministrada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, constituyendo un alivio para departamentos como Arauca, La Guajira, Norte de Santander, dentro de las modificaciones al proyecto de reforma tributaria.
La significación es que seguirá en operación el mecanismo del combustible subsidiado para las zonas fronterizas, que tenía previsto desmontarse dentro del plan del nuevo gobierno, por razones del impacto fiscal sobre las finanzas públicas.
Por un lado hay que destacar esta decisión porque es conservar un beneficio de vieja data para los habitantes de estos territorios, pero de otra parte es esencial que admitamos controles estrictos y que se pueda elevar el cupo hasta los 18 millones de galones mensuales, cubiertos por el subsidio.
Hay unos datos muy dicientes que facilitan hacernos una idea del fuerte impacto que para la región hubiera acarreado el solo hecho de que se hubiera eliminado.
El departamento tiene cerca de 13 millones de galones de combustible excepcionado, cuyo descuento es de cerca de los $2.000 por galón, lo cual es equivalente a unos $26.000 millones mensuales y cerca de $300.000 millones al año, que corresponden a cerca del 1% de lo que busca en la reforma tributaria.
Entonces, como lo han venido advirtiendo varios analistas, hubiera resultado injusto que los habitantes de la región cargaran con esos $300.000 millones.
Porque en la eventualidad que hubiera sido borrado de un plumazo, el precio de venta al público saltaría de un momento a otro en Cúcuta y Norte de Santander el galón de gasolina pasaría de $7.576 a más $9.000 y de ACPM, de $7.024 aumentaría a más de $8.000.
Sobre los controles es mucho lo que debe hacerse para cuidar que este hidrocarburo que es más barato que en otros lugares del país se diluya en hechos de corruptela de diversa índole.
Ahora que nos pusieron en el centro de los flashes, es indudable que cerrarle el paso a las maniobras irregulares para utilizar la gasolina y el ACPM subsidiados para obtener millonarias ganancias en su desvío es necesario que se haga, se cumpla y aplique con severo rigor.
Por ejemplo, podría llegar a pensarse en aplicarle un colorante específico a los hidrocarburos fronterizos que gozan del subsidio, con el propósito de que se pudiera establecer cuándo realmente termina una gasolina y en qué momento se inician las ventas de la que llega a los tanques con el precio nacional, sin ninguna clase de beneficio.
Esta sería una alternativa por ejemplo para establecer qué ocurre al hacerle seguimiento y determinar si después de que salga de las estaciones se va de contrabando para Venezuela o toma las rutas hacia el Catatumbo para alimentar las actividades ilegales.
“Tendremos que, más bien, fortalecer los controles”, ha sido la advertencia que dejó sentada el ministro Ocampo, quien al anunciar la eliminación de ese artículo, dio a entender que vendrán acciones para apretar las tuercas frente a los abusos y el contrabando que se hacen con la gasolina y el ACPM exceptuado.
Deben de ser acciones contundentes e inflexibles junto con el compromiso de la región de cuidar este millonario beneficio, que como lo advertimos cuando se termina el cupo, pesa fuerte sobre el presupuesto familiar en caso de que desapareciera. Si el Estado colombiano hace este esfuerzo fiscal, lo obvio es que la respuesta que obtenga sea la de actuar dentro de los canales de la ley y no para que inescrupulosos obtengan jugoso provecho económico a costas de afectar a miles de ciudadanos.
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