Definitivamente hay que sentarse a repensar serenamente la situación de violencia en el Catatumbo para proceder a redefinir las estrategias que por la sucesión de acontecimientos de orden público demuestran que no han sido las acertadas,  y que en cambio la convivencia en ese territorio cada vez se hace cada vez más peligrosa en medio de esa compleja situación.

El último más grave acontecimiento tuvo que ver con la muerte de cuatro militares en medio de un ataque armado que todavía se desconoce si fue autoría de las disidencias de las Farc o de la guerrilla del Eln, ambas con presencia en la zona.

Los miembros del Ejército hacían parte de una patrulla del Batallón de Operaciones Terrestres que  adelantaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, en la vereda La Pradera (Sardinata), surgiendo aquí uno de los combustibles que alimentan la tensión en esa zona, como lo es el narcotráfico.

Como se ha repetido, numerosas organizaciones ilegales entre ellas los poderosos pero también temibles carteles mexicanos, están en la disputa de territorio y del negocio de la droga, hecho que pone a la población en medio del conflicto, pues ya se sabe que presionan  y amenazan a los campesinos para que siembren coca y, porque además, esto es  para muchos el único factor que garantiza la subsistencia de sus familias.

Y todo coincide para la configuración de ese marco violento, puesto que según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Norte de Santander registró un aumento del 24% en hectáreas sembradas con coca.

Y fue cumpliendo una misión de erradicación manual de esos cultivos que murieron los cuatro militares, en un hecho repudiable que tiene como precedente una no menos triste sucesión de acontecimientos perturbadores, como lo son las dos masacres de campesinos sucedidas este año y la reactivación del delito del secuestro.

Pero además, la situación se torna más dramática cuando uno de los municipios emblemáticos de la región catatumbera como lo es Tibú, a lo largo de este pandémico 2020, ya registra 63 homicidios que lógicamente lo debe estar llevando a situarse muy arriba en la tabla de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes, en Colombia.

Aunado a ello hay que indicar las muertes e intimidaciones contra los líderes sociales, al registrarse cinco asesinatos y producirse amenazas a por lo menos medio centenar de personas que desarrollan labores de diversa índole con la comunidad.

Todos esos hechos, al igual que los ataques contra patrullas militares, evidencian entonces que en el Catatumbo es indispensable trazar un nuevo rumbo para frenar, contener y contrarrestar toda esa oleada violenta que tristemente parece no tener fin, lógicamente continuando y acelerando los programas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y trabajar muy intensamente en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS).

La subregión del Catatumbo es una rica y estratégica área nortesantandereana por la que todos debemos apostarle a sacarla de ese nuevo baño de sangre y ponerla entre las zonas fundamentales para el país en materia de planes agroindustriales, pecuarios y medioambientales, así como ayudar a generarles el desarrollo sostenible a los municipios que lo conforman. El Catatumbo debería ser  sinónimo de paz y desarrollo agrícola y por eso deberíamos trabajar unidos.