Dos hechos que ocurren, uno en la zona urbana de Cúcuta y el otro en los territorios de Hacarí y Convención, parecieran señalarnos que el lastre de la violencia está soldado a Norte de Santander.
Uno se refiere al desplazamiento interbarrial que es algo de altísima gravedad porque indica que en la capital de Norte de Santander volvemos a tener ‘fronteras invisibles’ que al ser traspasadas ponen en riesgo la vida.
Esto no es de hoy ni de ayer sino de hace mucho tiempo atrás, lo que pasa es que se manifiesta intermitentemente, golpeando un integrante esencial en el tejido social de las comunidades, como son los dirigentes de los barrios y veredas.
Recordemos que ellos han estado como en una ruleta de intimidaciones a lo largo del desenvolvimiento de la inseguridad y de los reflejos del conflicto armado en la ciudad, por efectos de la guerrilla, los paramilitares, el microtráfico, las bandas y las organizaciones multicrimen de carácter binacional.
Esta sería como una crónica anunciada de la urbanización de todas las formas de violencia que de nuevo nos lleva a conocer casos y denuncias de voceros barriales que reciben en sus casas amenazas e intimidaciones para que se vayan del barrio y lleguen a otro, pero en cuestión de horas, so pena de quitarles la vida.
La cifra no es despreciable. Son 45 hechos de esta naturaleza los reseñados sobre esta oleada amenazante, que incluye el arribo de líderes de otras localidades.
La situación también tiene sus complicaciones extremas para quienes sufren en carne propia estas advertencias de desplazamiento entre barrios, puesto que a muchos les ha tocado ir a vivir en comunas alejadas, y otro tanto ha tenido que salir a pagar arriendo.
La Policía y la Fiscalía tienen ahí una cantera investigativa de alta valía, porque obligar a que la dirigencia o se vaya o se calle, deja las comunidades sin representantes directos.
Y el otro hecho del que tampoco hemos escapado, pese a que se trata de una violación directa del Derecho Internacional Humanitario es el que les afecta el derecho a la vida y la educación a los estudiantes.
Al leer eso en la prensa se viene a la mente que ya lo habíamos visto antes y que los actores y los lugares son los mismos, con las escuelas en medio del fragor de la guerra que no se quiere ir.
Norte de Santander sigue siendo el departamento donde se reporta el mayor número de ataques contra la educación, pues en la región, especialmente en Hacarí y Convención se concentraron el 39 por ciento del total de los eventos presentados en el país: la mayoría ocurridos de camino a las escuelas.
Así lo dio a conocer el Consejo Noruego para Refugiados en la conmemoración del Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques.
En total, dicha organización preciso que cerca de 7.500 estudiantes y trabajadores de sedes educativas fueron víctimas del conflicto armado en ocho departamentos de Colombia.
De este drama tampoco han escapado Sardinata, Teorama y La Playa de Belén en donde las escuelas también han sufrido la acción de los actores armados ilegales.
Para completar el drama, se tienen a la fecha más de 50 docentes en el departamento amenazados por diferentes situaciones, asunto que sumado al riesgo de la instalaciones educativas crea un marco de alta peligrosidad para los alumnos y un efecto contrario a lo que siempre se plantea de ampliar las posibilidades para que más alumnos vayan a las aulas y aquí lo que se advierte es que la deserción se duplique de nuevo, con sus correspondientes daños colaterales.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
