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Con uñas y dientes… de leche

Si el Gobierno central, se abstiene de actuar, las autoridades municipales pueden y deben suplirlo y pelear.

Si los Gobiernos asumieran, con todo rigor, la autoridad del Estado, nunca se llegaría a situaciones tremas como la de Jericó (Antioquia), donde el alcalde debió, personalmente, sacar del territorio municipal a una empresa minera —dicen que es la más poderosa del mundo en su género—, porque no cumplía la ley.

Y no la cumplía, porque el Estado carece de mecanismos suficientes para su propia defensa. Tiene dientes de leche. Si no fuera por los ciudadanos, que, a su propio riesgo y apoyados por el alcalde, Jorge Pérez Hernández, asumieron la tarea de defender la legalidad, Angloglod Ashanti (Aga) seguiría en su actitud de hacerle a Colombia señas obscenas con sus dedos.

Todo tiene que ver con la decisión de los antioqueños de sacar la minería de metálicos del suroeste, donde hay pueblos patrimonio como Jericó y Jardín, una región que no ha tenido ninguna vocación de explotación de minerales.

La decisión hace parte de una lucha de mayor fondo, entre quienes defienden la lógica autonomía territorial de los municipios, y quienes consideran que debe ser el Gobierno central el determinador de las acciones en todo el territorio colombiano.

El hecho es que ya se han aprobado nueve acuerdos para proteger el territorio, pero la Gobernación de Antioquia, única autoridad minera regional, ha demandado dichos actos, con el aval del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Pero, en línea con su criterio de que las consultas populares no son válidas, pero sí los acuerdos de los concejos, respaldó a las autoridades de Jericó, que, con el alcalde a la cabeza, fueron a la finca donde la multinacional Aga seguía perforando en busca de oro, y clausuró las actividades.

Aga es la misma minera sudafricana que tiene vigentes 22 títulos mineros en la región, varios de ellos en el páramo de Santurbán (uno en Chitagá).

Lo que exasperó a los campesinos de Jericó fue “descubrir (…) la captación de AngloGold Ashanti de todo el caudal —de una quebrada—, incluso del caudal ecológico mínimo de una fuente de agua”. Es decir, la minera secó una quebrada, algo que podría ocurrir, por ejemplo, en Santurbán, donde nacen ríos y quebradas del Gran Santander.

Además del mensaje en torno de la defensa de sus territorios, los campesinos de Jericó enviaron otro, muy importante, que ojalá capten los habitantes de todas las demás regiones: si el Gobierno central, por razón de muy poderosos intereses, se abstiene de actuar, las autoridades municipales pueden y deben suplirlo y pelear.

Ya se sabe que, ante la invalidez de las consultas populares para declarar a los municipios libres de la minería, es legal que los concejos se pronuncien. Lo dice la Corte Constitucional y lo acaban de demostrar en Jericó con la decisión de sacar a Anglogold Ashanti de la región.

La pelea contra los mineros ilegales es de otro talante, pero, igual, alcaldes y demás autoridades municipales, con el respaldo de los habitantes, pueden y deben actuar y sacarlos de los territorios, antes de que, en lugar de la destrucción metódica de las grandes empresas, devasten la naturaleza en un abrir y cerrar de ojos.

Lunes, 28 de Enero de 2019
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