Norte de Santander, en reportes elaborados de manera independiente por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Misión de Observación Electoral (MOE), figura como uno de los departamentos  más seriamente golpeados por el recrudecimiento de las alteraciones del orden público.

Las minas y artefactos explosivos han vuelto a estallar y a cobrar víctimas, los líderes sociales continúan en la mira de los enemigos de la paz y la convivencia, y el desplazamiento, amenazas y desapariciones  forzadas enrarecen el ambiente, como se advierte a diario.

Y lo peor es que todo esto alcanzó un peligroso recrudecimiento en pleno periodo pandémico, como indicativo de la fragilidad del proceso de paz.

El CICR está muy preocupado por el recrudecimiento de la violencia en la zona de frontera con Venezuela, incluyendo a Norte de Santander, al igual que en la zona pacífica y en el noroeste del país.

Resulta inquietante lo expuesto por ese organismo internacional de que en Colombia 389 personas resultaron afectadas por artefactos explosivos, siendo la cifra más alta en los últimos cuatro años. Entre ellas están 226 civiles.

Y quien lo iba a pensar, encabezando el listado de los departamentos con el mayor número de víctimas de minas antipersonas y otros elementos de la misma naturaleza se encuentra Norte de Santander con 80, por encima de Nariño y Antioquia.

Lo peor de todo, es que la población civil está pagando el precio de este recrudecimiento de las hostilidades como lo advirtiera el CICR que está muy preocupado por lo que ocurre en el país y en regiones como la nuestra, donde confluyen guerrillas, disidencias, bandas criminales, carteles mexicanos de la droga y traficantes de armas y de personas.

Y sigamos mirando estadísticas del CICR que continúan dejando a Norte de Santander entre los más complicados por la violencia que no lo quiere dejar: al comparar el 2020 con 2019 en ataques a la misión médica, se advierte que esas acciones crecieron en el 26%.

Y ni qué hablar en los casos de desplazamiento masivo y confinamiento de comunidades. En ese listado de afectación quedamos de cuartos después de Nariño, Chocó y Antioquia, con el 6,5%.

“Nos hubiera gustado iniciar el 2021 diciendo que las consecuencias humanitarias del conflicto y la violencia armada disminuyeron en el país, pero sucedió lo contrario”, advirtió el CICR para añadir algo que por aquí vivimos a diario: en Colombia se sigue hablando de al menos cinco conflictos armados no internacionales que se rehúsan a alejar del territorio y, contrario a ello, afianzan más la vulneración de derechos humanos a la población civil. 

Como complemento a este desalentador panorama, bueno es reseñar lo expuesto por la MOE de que en el departamento la violencia contra los liderazgos políticos, sociales y comunales registró 87 casos documentados el año pasado.

Indudablemente que es fundamental respetar el Derecho Internacional Humanitario en medio de estas hostilidades internas que como se ha visto en el Catatumbo y hasta en la misma zona rural de Cúcuta ha provocado desplazamientos en medio de este conflicto sin fin.

Parar esto es sin duda indispensable. Desdibujar ese paisaje bélico resulta primordial. Consolidar la paz, profundizar la sustitución de cultivos ilícitos, fundamentar las políticas sociales, vigorizar la economía campesina y mejorar las vías para que las cosechas no se pierdan, son elementos indispensables para contener esta oleada de la pandémica violencia y sus graves consecuencias.