El alcalde de Cúcuta, César Rojas, dice la verdad cuando admite que en el grave caso de devastación de Cerro Mono fallaron todos los funcionarios, agencias y organismos encargados de garantizar la integridad medioambiental y la seguridad de las comunidades, en especial las más alejadas e indefensas.
Es cierto, se falló, y en materia grave, porque, como están las cosas en Cerro Mono, es prácticamente imposible revertir la situación a como estaba la región antes de que fuera invadida por mineros y cocaleros...
Porque, ¿cómo se debe hacer para restaurar al menos una de las numerosas nacientes de agua que desaparecieron y que tienen a los campesinos a punto de convertirse en los primeros desplazados por razón de la falta del líquido para vivir?
No quiere decir esto que no se intente recuperar el bosque descuajado casi de raíz ni cerrar las decenas de socavones mineros.
Esto último es lo primero que se tiene que hacer, porque la extracción de carbón, además de violar normas legales claras, pues la zona es una reserva estratégica, impacta de manera drástica sobre todo el medioambiente: el soporte de todos los socavones se hace con grandes cantidades de madera, lo que lleva a arrasar los bosques; contamina el agua y causa drenajes y filtraciones que aniquilan las nacientes. Y con la destrucción, se arrasa con la fauna allí establecida.
Lo ocurrido con Cerro Mono y alrededores deja, sin embargo, lecciones que deben ser aprendidas de inmediato, a menos que se pretenda que la experiencia se repita, en mayor o menor magnitud, en todo el sector rural de Cúcuta.
Una de esas lecciones tiene que ver con la imperiosa necesidad de atender y, a la mayor premura tramitar, todas las quejas y denuncias de los campesinos sobre lo que sucede en sus regiones. Los de Palmarito se cansaron de informar de todo lo que se avecinaba y ocurrió, pero en la administración municipal nadie los atendió. Fallaron todos, como el alcalde lo reconoció.
Desde luego, los organismos de seguridad, que son los que patrullan toda el área —y con mayor razón siendo fronteriza— no cumplieron con su tarea como les ordena la Constitución y la ley. Esa actitud permite pensar en que cualquier fuerza extranjera puede venir hasta las goteras de Cúcuta sin ser molestada por nadie…
¿Cuándo sería la última vez que una patrulla militar o policial recorrió esas zonas rurales? La pregunta surge luego de establecer que las minas de carbón allí instaladas llevan varios años en funcionamiento.
Una tercera tarea le corresponde al Municipio, que no sabe qué bienes tiene ni cómo son. En el caso de Cerro Mono, funcionarios municipales que estuvieron en una inspección, ignoraban incluso cuál era el terreno comprado y habilitado como reserva estratégica, como quedó en evidencia delante de la comisión acompañante.
Las autoridades insisten en que su trabajo se puede facilitar si el ciudadano informa y da cuenta de lo extraño que ocurra en su sector. Pero, en este caso, todos los campesinos cumplieron con su deber ciudadano de denunciar, pero la respuesta que esperaban no llegó. Ojalá que esto de Palmarito no se repita. Sería doloroso, en verdad, que la poca confianza que aún pueda quedar en el Gobierno, se pierda solo por la negligencia de no atenderlos.
