Usar la balanza. Esa es una solución salomónica, dirán unos. O democrática, añadirán los menos radicales, en torno a la evaluación del convenio que anualmente se ha venido haciendo con la Policía para dirigir el Tránsito en Cúcuta.

Dudas hay muchas en torno a la efectividad, lo cual podría poner el semáforo en rojo. En ese sentido, la ciudadanía tiene razón al cuestionar la operatividad relacionada con la movilidad.

Nunca, sin ser extremistas, se ve a un policía de Tránsito ayudando a descongestionar y reordenar el tráfico en sectores cucuteños en que se arman severos trancones.

No hay que ir tan lejos. Ellos por qué no están en las áreas aledañas a los colegios donde a las horas de entrada y salida de los alumnos se  forman agobiadores trancones que afectan varias calles a la redonda.

O qué decir de avenidas como la Guaimaral - por ejemplo- que tiene una gran afluencia de vehículos de transporte urbano y que a lo largo de su recorrido se encuentran carros estacionados, haciendo lenta la circulación en medio de los atascos respectivos.  

Y por allí tampoco aparecen los agentes de la Policía de Tránsito para despejarla y obligar a quienes dejan los automóviles en plena calle a poner una cuota de civismo en necesario reordenamiento vial de la capital de Norte de Santander.

“Desastroso” fue el calificativo que desde el Concejo se le puso a lo que ocurre en las avenidas y calles   cucuteñas, puesto que sin lugar a    equivocarnos, los sistemas de fotomultas y los semáforos y el actual convenio no han resultado suficientes. Algo está fallando y es urgente acudir a la revisión para rectificar y mejorar, porque de lo contrario, la situación tenderá a complicarse y a generar discusiones como la que acaba de desatarse en la ciudad, sobre qué hacer con la parte operativa de Tránsito Municipal, en el que anualmente se están invirtiendo $3.800 millones, según el valor del convenio.

Aprovechando que todavía restan tres meses del mismo, debería procederse a conformar una comisión de la Alcaldía, el cabildo, los veedores de tránsito y los gremios, para que determine qué sería lo mejor en este asunto y cómo se operaría y hasta analizar la alternativa para que por lo menos dos o tres veces al año el ‘cuerpo élite de tránsito de la Policía’ venga y apoye.

Uno de los hechos a tener en cuenta y, que debe pesar al momento de la evaluación, es si en una ciudad con altos índices de inseguridad ciudadana es recomendable tener 65 policías para desarrollar labores de tránsito, en lugar de estar prestando vigilancia, por ejemplo.

Todo esto ha llevado a que resurja la posibilidad de restablecer el cuerpo civil de tránsito, como existió hace varios años atrás, y en ese sentido dentro del rediseño institucional de la Alcaldía se habla de esa alternativa, que debe ser formalizada mediante un proyecto de acuerdo en el Concejo.

Pero aquí es donde debe plantearse que esa especie de cuerpo consultivo del que hablamos antes,  sirva como una especie de ‘asesor’ pero también de moscardón para que notifique las fallas y reclame las mejoras, porque ahí debe de tenerse cuidado con un asunto tan sensible como el de las ‘mordidas’ o hechos de corrupción.

Lo cierto es que esa unidad de alféreces de tránsito deberá contar con unas instrucciones precisas, una formación especial y la misión no solamente de exigir la documentación en regla y aplicar comparendos, sino especialmente, garantizar de la fluidez vehicular.

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