Mediante los ‘superpoderes’ que le confirió el estado de emergencia económica, social y ecológica que rigió durante un mes, el presidente Iván Duque expidió 72 decretos legislativos para enfrentar la crisis generada en Colombia por el coronavirus.

Debe dejar el Gobierno claridad meridiana -sin nada de humo como el que extrañamente se ha posado sobre Cúcuta en este tiempo pandémico- porque hay dudas que requieren ser dejadas muy en claro.

Por ejemplo, en el caso del Decreto 558 de 2022 que traslada a Colpensiones  la modalidad de retiro programado de las personas que reciban pensiones por un salario mínimo de parte de los fondos privados, entre otras decisiones.

Congresistas de la oposición alegaron dos consideraciones que merecen ser explicadas por el Ejecutivo: “se trata de una reforma pensional por decreto”. “Se atenta contra la estabilidad financiera de Colpensiones”. 

Asofondos, la asociación que agrupa a los fondos privados de pensiones, ha aclarado que esto no significará ningún costo para el Estado. Los “recursos transferidos de los fondos a Colpensiones serán suficientes para asegurar una pensión vitalicia de un salario mínimo, e incluso se transferirá una comisión a Colpensiones por ser el nuevo pagador de la mesada”.

El Gobierno todavía no dice nada, pero sí sería buena que saliera a especificar y a aclarar que ahí no está oculto un cambio al sistema pensional y entregar las especificaciones concretas del impacto financiero sobre Colpensiones y decirles a los pensionados actuales y futuros si van a correr riesgos graves, medianos, leves o de ninguna naturaleza. Eso es fundamental hacerlo, porque no se ve ni suena bien que en medio de todo este panorama inesperado y riesgoso se venga otra carga que haga más calamitosa la cuarentena sanitaria obligatoria.

El programa de ingresos solidario que busca darles $160.000 a unas tres millones de hogares que no hayan recibido ninguna otra ayuda, que no estén en Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y devolución del IVA, y que se encuentran en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, terminó envuelto en un mar  de dudas.

Resulta que en un barrido, luego del escándalo que se desató porque con números y nombres fantasiosos, comenzaron a aparecer presuntos beneficiarios.

Y lo peor surgió cuando la Registraduría hizo un barrido para encontrar que 16.894 cédulas son inexistentes en el Archivo Nacional de Identificación, que algunas no fueron expedidas y otras más han sido canceladas por la autoridad.  Desde Planeación Nacional se habla que la página que la página fue temporalmente inhabilitada, pero que ya se han reanudado el desembolso de dicho dinero. 

Cosas como esas son las que se deben evitar, controlar y conjurar, porque los mantos de duda de inmediato le restan  credibilidad y seriedad a las acciones del Estado y dejan entrever dos cosas: que se pudiera estar aprovechando la pandemia para sacar adelante espinosos asuntos como la reforma pensional disfrazada, o que la corrupción está procurando meter sus garras en un plan social como el enunciado.

En su programa televisivo de todas las tardes, el presidente Duque puede sacar tiempo para  explicar, precisar y aclarar lo ocurrido en esos dos asuntos, pues sus gobernados requieren respuestas, así haya quienes afirmen, desde la esfera del partidista, que se trata de denuncias temerarias. En todo caso, la mayoría de medidas tomadas por la presidencia, han sido muy bien enfocadas tratando de atender al tiempo, lo social, la salud y la economía. Situación nada fácil.