Los soldados y policías venezolanos siempre han  tenido los dedos calientes: disparar sus armas es para ellos un asunto muy fácil, incluso si lo hacen contra personas desarmadas.

La muerte a balazos de Libardo Fuentes Hernández el jueves en la ribera oriental del río Táchira es la más reciente muestra de esa costumbre que en Venezuela ya se hizo ley, de disparar primero y preguntar después, producto de las propias características del Estado del vecino país, en el que el espíritu militarista prima sobre lo demás.

El propio Simón Bolívar lo identificó cuando, sin equivocarse, dijo que Santa Fe era una universidad, Quito un convento y Caracas un cuartel. Ni más ni menos. Es la historia…

El episodio ocurrió cuando Hernández, al control de una máquina retroexcavadora y en compañía del volquetero Gelar Barreto Gutiérrez, cruzó el río en busca de piedras para extraer. De pronto, dos soldados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre ellos un sargento, llegaron disparando.

Barreto se lanzó de la volqueta, alzó las manos y pidió que no lo mataran. Al parecer, Fuentes intentó escudarse en la cabina de la retroexcavadora, y el sargento le hizo tres tiros y lo mató de manera instantánea.

No hay duda: el incidente ocurrió unos metros más allá de la ribera oriental del río, es decir, en lo que en apariencia es territorio venezolano, pero la empresa responsable de los trabajadores y dueña de la empresa, Trituradora La Roca, afirma que precisamente ese punto exacto está en Colombia.

Además, argumenta que tiene permiso de las autoridades colombianas para extraer materiales de arrastre en el lugar donde ocurrió el asesinato de Fuentes.

Discutible, desde luego, porque, de ordinario, cuando el límite entre dos países es un río, como en este caso, la soberanía de cada uno llega hasta la mitad del cauce, sin reparar si, por acción de la naturaleza, el río se corre unos metros hacia un lado o hacia el otro.

Sin embargo, lo criticable, lo repudiable es la acción de los militares venezolanos, de primero disparar sus fusiles y después averiguar qué estaba ocurriendo, pues de esa manera la muerte de Fuentes se convierte en una ejecución sumaria, en un eventual crimen de Estado. Es un asesinato, quiéranlo o no aceptar las autoridades venezolanas.

Sabedores de ello, funcionarios de la cancillería venezolana se apresuraron a emitir un comunicado en el que dicen que la GNB debió actuar cuando un grupo de personas que abría una trocha ilegal en territorio venezolano de la frontera.

Pero Hernández, sobreviviente y único testigo, y a quien dejaron libre a pesar de la acusación de la trocha, los desmiente de manera rotunda y reitera que los soldados actuaron sin dar aviso de nada y dispararon sin mediar palabra.

Incidentes fronterizos de toda clase y de mayor o menor gravedad ha habido y habrá siempre entre Colombia y Venezuela. Pero, hasta ahora, ninguna autoridad colombiana le ha dado prelación a las vías de hecho antes que a las contempladas en las normas jurídicas.

Actuar como lo hizo la GNB el jueves es una provocación, a la que, por fortuna, de este lado de la frontera no se responderá. Para eso existen instancias judiciales, como la que muy probablemente deba ocuparse del asesinato de Fuentes. Lo demás es un abuso…