Meterle un explosivo a la carretera para intentar cortar la comunicación terrestre de Norte de Santander con la Costa Atlántica, quema de vehículos de transporte público y de tractomulas, panfletos amenazantes, pintada de letreros en los vehículos, instalación de carros-bomba, ataque al oleoducto, hostigamiento a patrullas militares e intimidación a la población civil, es todo un parte de guerra.
Se presume que hoy haya culminado el llamado paro armado que activaron el Eln y el Epl que andan en guerra entre ellos y que, paralelamente, generan zozobra en regiones como el Catatumbo y la línea fronteriza entre los territorio nortesantandereano y tachirense.
Suficiente se sabe sobre esa peligrosa confluencia de toda clase de organizaciones criminales, que terminan haciéndole la vida imposible a la población civil que, como siempre, termina pagando con sangre, lágrimas, despojo y desplazamiento, todos los horrores del conflicto armado que se resiste a acallar el fragor de los fusiles.
En algo se está fallando y es urgente actuar, porque pareciera que estuviéramos en un submundo de lo absurdo, puesto que mientras un multimillonario de la talla de Howard Graham Buffett donó 46 millones de dólares para el Catatumbo, se aprueban $65.000 millones en regalías para la carretera Astilleros-Tibú, mientras por el otro lado continúa el grave deterioro en la situación de derechos humanos, las muertes selectivas, la presencia de la dañina y destructora mafia del narcotráfico crece de manera alarmante y otra vez asistimos al trágico espectáculo de pueblos sitiados por el miedo y en sus calles desoladas únicamente hace presencia la incertidumbre de estar en un territorio donde aclimitar la paz, lamentablemente, continúa siendo una quimera.
Es urgente que la clase parlamentaria de Norte de Santander, junto con la Gobernación, las alcaldías del área metropolitana de Cúcuta y las del Catatumbo se reúnan, evalúen la situación y generen un documento para el presidente de la República, el Ministerio del Interior, Naciones Unidas y la Consejería de Paz, con el propósito de tratar esta delicada situación al más alto nivel.
Deben plantearse alternativas que no solamente tengan como eje principal el componente militar sino ir más allá con estrategias que conduzcan a realmente lograr la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, la integración de comisiones humanitarias que protejan a la población civil de esa confrontación armada entre el Eln y el Epl, comenzar sin más tardanza con las obras viales prometidas, dándole en ellas prelación a la gente de esa región del departamento al momento de contratar el personal encargado de ello.
Con la ONU y la Consejería de Paz auscultar caminos -que no deben ser vistos como una claudicación ante los agentes generadores de violencia- para ver qué tan factible y realmente favorable para el departamento y el mismo país sería abrir canales de acercamiento y de diálogo con el Eln, por ejemplo.
Eso no debe sonar a descabellado. Además, para que no lo sea, deben definirse y fijarse las estrictas reglas de juego que conduzcan a la búsqueda de una probable salida a esta encrucijada violenta que otra vez estamos atravesando, en la que lógicamente el Estado debe ser inflexible con todos esos factores como el narcotráfico, que en últimas juegan un papel de incendiarios, pues a ellos lo que más les conviene para sus negocios turbios es el caos y la confusión.
