El Gobierno y los colombianos han sido notificados de la decisión de la empresa española Gas Natural Fenosa de demandar al país ante un tribunal competente internacional para obtener una indemnización o pago de 1.000 millones de dólares por la liquidación de la ineficiente Electricaribe, la empresa encargada en los últimos años de la prestación y operación del servicio de energía en los departamentos de la Costa Atlántica. 

El Gobierno tuvo suficientes motivos y razones para la intervención y liquidación de Electricaribe al tener en cuenta los múltiples reclamos por los perjuicios y daños causados a la industria, el comercio, la hotelería, el turismo  y a la comunidad en general de esa región. Los sufrimientos y angustias de la gente por la pésima gestión y operación desastrosa de Electricaribe fueron más que suficientes para proceder a su liquidación. Hasta graves situaciones de violencia y orden público se registraron por culpa de Electricaribe.

Muy hábilmente, los directivos de la empresa alegan una expropiación o despojo arbitrario para reclamar la multimillonaria indemnización, como si en el país no se respetaran las reglas del juego y los compromisos contractuales que se acuerdan o pactan con los inversionistas colombianos y extranjeros.    

Desde hace seis años en Colombia existe la Agencia Jurídica del Estado, cuya función es asesorar a las entidades públicas frente a demandas o reclamos judiciales, y en muchos casos asumir su defensa en forma directa. Antes, esta tarea estaba en cabeza de cada una de las entidades y no había un sistema especializado para la prevención de los litigios y su manejo estratégico. 

Ante los nuevos hechos que han surgido como las pretensiones de Electricaribe, el Gobierno anunció la creación de la Dirección de Asuntos Internacionales dentro de la misma Agencia Jurídica del Estado. Corresponde, pues, a los expertos y técnicos de esta agencia defender con éxito los intereses del país que están en riesgo por la demanda de la multinacional Gas Natural Fenosa.

No son nada fáciles las tareas y responsabilidades de esa agencia. Actualmente están en curso más de 550 mil demandas y reclamos judiciales contra entidades y organismos públicos del país por una cuantía cercana a los 300 billones de pesos. Son demandas que se han presentado por parte de personas naturales y jurídicas que han resultado afectadas en grado sumo por decisiones y actuaciones de las entidades y de sus funcionarios.

Aquí toca llamar la atención sobre la magnitud y consecuencias de este problema. No basta ahora con salir a defenderse de unos abogados ambiciosos y manipuladores, sino de comenzar a tener más en cuenta y en forma rigurosa la competencia y preparación de nuestros servidores públicos. No es posible, por ejemplo, que muchas de sus actuaciones corresponden a la improvisación, irresponsabilidad o ignorancia, por lo cual se expone a las entidades públicas, a los departamentos y municipios, al Estado colombiano, a situaciones de demandas y reclamos judiciales de proporciones como de los que nos estamos ocupando. 

Otra consideración pertinente para tener en cuenta se relaciona con las famosas concesiones de  servicios públicos esenciales como acueducto y alcantarillado, alumbrado público, rutas de transporte, peajes, semáforos, fotomultas, aseo, saneamiento básico, etc.  

En Cúcuta hemos vivido las situaciones traumáticas de concesiones que terminaron en millonarias demandas y reclamos de indemnizaciones. Por tanto, está haciendo falta un gran debate, una amplia discusión, sobre todos estos temas. El momento parece haber llegado.