La celeridad en los procesos de demandas electorales es una de las urgencias que la comunidad espera que la justicia concrete, porque suele suceder que las sentencias condenatorias son expedidas cuando el período venció y el servidor público ya gobernó o ejerció la curul sin inconvenientes, pese a la sombra de duda jurídica que los persiguió.
O también sucede el caso contrario, que pasa el tiempo y el manto de duda que se tendió sobre el gobernante de turno, el concejal o diputado, se mantiene hasta cuando finalizan su labor, y es ahí que llega a conocerse el fallo absolutorio.
Ambas situaciones es necesario evitarlas, porque se resta gobernabilidad y ante la desazón generada por la tardanza en despejar los nubarrones, estos hechos son tomados como caballito de batalla para entorpecer la gestión.
Y en aras de que la responsabilidad compartida realmente tenga resultados, la ciudadanía espera que en los casos en donde llegue a comprobarse que era necesaria la nulidad electoral, que también haya un castigo ejemplar para los partidos políticos que avalaron a esos candidatos, a sabiendas de que tenían problemas.
En ese aspecto cabe recordar una notificación del procurador Fernando Carrillo que hoy cobra plena vigencia: “aquí hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, algunos sabían que sus candidatos estaban inhabilitados y de todos modos avalaron sus candidaturas. El Consejo Electoral los investigará”.
En el caso de las elecciones regionales, seguir permitiendo que en las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas pase esto, constituye hasta una forma de meterle trampa al sagrado derecho universal del voto libre, porque los electores se ven inducidos a llevar a alguien al poder local sin saber que detrás se ha tejido toda una trama con el fin de ponerlo allá desatendiendo y violando las normas y los famosos código éticos.
Claro que en esta ocasión habrá que darles un compás de espera a los magistrados que conocen de estos casos, puesto que como consecuencia de la pandemia del coronavirus, los procesos de nulidad electoral quedaron en suspenso temporal durante cuatro meses.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander reanudó los trámites de estas demandas contra nueve alcaldes, dos diputados y varios concejales tanto de Cúcuta como de otros municipios, tarea sobre la cual la ciudadanía tendrá sus ojos puestos por la importancia que revisten.
Recordemos que esa es la primera instancia y que luego pasa al Consejo de Estado, donde es probable la ratificación, cambio o modificación absoluta del fallo, siendo una de las razones por las cuales es vital que a estos expedientes se les otorgue la prioridad necesaria y requerida, puesto que en materia de tiempo y acumulación de casos, bien podría llevar a que las decisiones se demoren en exceso.
En tierras nortesantandereanas es importante que la verdad aflore tanto para bien de los votantes y de los alcaldes de Cúcuta, Jairo Yáñez; de Villa del Rosario, Eugenio Rangel; Corina Yazmín Durán, Tibú; Juan Carlos Pérez, Cucutilla; Hermides Moncada, Sardinata; José Luis Duarte, Chinácota; Wilden Fabián Capacho, Labateca; Javier Alexis Pabón, Cáchira y Antonio Marín, San Cayetano, a quienes se les siguen acciones electorales en el contencioso administrativo.
