Según lo expuesto en las informaciones procedentes de Pamplona y Ocaña relacionadas con el desmonte de las oficinas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, llevaría a que miles de usuarios de esas localidades nortesantandereanas tuvieran que depender de la oficina del IGAC en Villavicencio para hacer sus trámites de manera presencial o virtual.
Esta no es una inocentada ni nada que se parezca. Es una imagen propia de muchas de las apresuradas y no planificadas determinaciones gubernamentales que terminan golpeando a la gente.
Y como si fuera poco, para nosotros es una evidencia más sobre la manera en que la burocracia desde sus oficinas bogotanas en muchas ocasiones nos ha mandado a depender de Bucaramanga, pero ahora es más lejos, pues será de la capital metense.
Al ser sometido el IGAC a ese drástico proceso de recorte -supone uno que para ahorrarle gastos al Estado- ¿por qué no se definió un período de transición? o ¿por qué no hubo una gradualidad en el desmonte de las dependencias? y ¿dónde estaban nuestros congresistas? que al parecer ni se percataron del impacto colateral de esa supresión.
Lo más lógico hubiera sido dejar en Cúcuta-temporalmente- el manejo de a Unidad Operativa Catastral de Pamplona, para ofrecerles los servicios a cerca de 100.000 personas tanto de la Ciudad Mitrada como de Bochalema, Cácota, Chitagá, Labateca, Toledo, Mutiscua, Pamplonita y Silos.
Y lo mismo también se pudiera hacer con la oficina que se clausuró en Ocaña, puesto que hasta allí llegaban personas de diversas localidades del Catatumbo a hacer trámites con los asuntos que maneja el IGAC.
Así no sea lo indicado, puesto que por simple gobernanza el ciudadano debe tener todas las facilidades para cumplir sus trámites ante el Estado, llegar a la capital nortesantandereana le sería más fácil a las personas de las provincias de Pamplona y Ocaña.
Pero ir a Villavicencio resultará dispendioso, costoso, molesto y demorado: habrá que llegar a Bogotá y de allí viajar al Meta. ¡Todas unas vacaciones! o ¡Toda una aventura! para asuntos relacionados con compraventa de predios, englobes, desenglobes, construcciones en lotes, autoevalúo, inclusiones de predios al sistema que no tienen catastro, rectificaciones de predios, nombres y áreas.
¿Y luego los trámites del IGAC entre los que también están (cancelaciones de predios, complementos o correcciones de nombres y mutaciones de lo rural a los urbano o viceversa) no se pueden hacer los trámites por internet?
Como son tantos los cabos sueltos, el IGAC debería reconsiderar esa parte de mandar todo lo relacionado con Ocaña y Pamplona para Villavicencio, y dejar que durante por lo menos uno o dos años se cumplan las diligencias (presencial o virtualmente) desde Cúcuta mientras esas localidades implementan el catastro multipropósito.
Y que en la adopción del sistema, que ahora pasará a manejo de los municipios, ya sea de manera individual o desde Asomunicipios, pues que el Gobierno Nacional haga los aportes técnicos y económicos necesarios para que finalmente el proceso no vaya convertirse en un pasaje tormentoso.
Es inentendible para el ciudadano de a pie que él termine pagando los platos rotos como consecuencia de la displicencia del centralismo con territorios como Norte de Santander que tiene tanta significancia para Colombia por ser uno de los puntos fronterizos más importantes con Venezuela, por tener una región tan trascendente como el Catatumbo y por contar con una tradición histórica y cultural incalculable en Pamplona y Ocaña.
