Hubo una época en que el Gobierno Nacional tenía en los documentos Conpes la salida para dejar a todos contentos e ilusionados en las regiones cuando le hacían peticiones de diversa índole.

Por eso llegó a acuñarse la famosa frase de que “un Conpes no se le niega a nadie”, al advertirse que finalmente terminaron siendo una herramienta que no tuvo un impacto real en la política pública y cuyo destino final fue el de los anaqueles.

Viendo lo que nos está pasando hoy en día en Cúcuta en materia de seguridad en las zonas urbana y rural, que en los últimos meses ha sido sacudida por toda clase de hechos de impactante dramatismo (carro bomba en la Brigada 30, atentado al presidente, masacres, ataques a unidades policiales y asesinato de líderes sociales) se  advierte que algo no anda realmente bien.

Es evidente la insatisfacción ciudadana frente a los consejos de seguridad, ordinarios y extraordinarios, que aunque quieren mostrar una cohesión de la institucionalidad alrededor del combate al crimen organizado para mejorar la percepción de la reducción de los niveles de inseguridad, lo que están es siendo vistos como elemento de poca utilidad.

Recordemos no más lo siguiente. El viernes pasado estuvo en Villa del Rosario el ministro de Defensa, Diego Molano, presidiendo un consejo de seguridad en el que anunció hasta drones para luchar contra la delincuencia en Cúcuta y que el Ejército empleará una estrategia en el área metropolitana y la zona de frontera, con énfasis en Banco de Arena, el punto más crítico de violencia en el área rural, junto con Puerto Santander y Vigilancia.

Coincidencia o no, para este caso en específico, resulta que al otro día de la visita de los enviados del Gobierno Nacional, en la vereda Puerto León -zona rural de Cúcuta- se cometió la novena masacre en Norte de Santander, en los últimos veinte meses. Y, tres días después, ocurre el atentado al segundo distrito de Policía, en Atalaya. 

Puesto así en blanco y negro frente a la consideración ciudadana, lo que se percibe es que pese a todas las medidas trazadas y las recompensas ofrecidas y los pies de fuerza reforzados, los resultados no son ni mucho menos esperanzadores.

Para el cucuteño, la consideración que tiene de la realidad que todos los días enfrenta, es que la ciudad está perdiendo la batalla frente a la delincuencia y la criminalidad, porque ahora hasta los microtraficantes van y les queman la casa a los vecinos que se atreven a denunciarlos, como sucedió hace pocos días en el céntrico barrio Latino.

Indudablemente que aquí lo que se necesita es una revisión de  todo lo que se ha venido haciendo para redefinir el camino y evaluar nuevas medidas, dejando de lado definitivamente la acción ‘apaga-incendio’ para avanzar en una política estructural que involucre las distintas aristas generadoras de la violencia y la inseguridad.

Es decir, no solo la militarización sino la consolidación de la administración de justicia y la sustitución de cultivos ilícitos, pero también  atacar los complejos factores sociales que ayudan a alimentar con la miseria, la pobreza, la desigualdad y el desempleo a todas esas organizaciones al margen de la ley que encontraron aquí el perfecto caldo de cultivo para hacerse fuertes.

Aprovechando esta crisis de inseguridad desbordada, hay que tomar decisiones que de verdad cubran la totalidad del problema, que en este caso no debe circunscribirse solo al operativo-policial sino al del frente socioeconómico, pero no con asistencialismo sino con inversiones urgentes para hacer reflotar a la región y sacarla de ese espiral violento que la consume.