Cada vez son más frecuentes las historias de las intenciones frustradas de empresarios que pretendían establecer negocios en Cúcuta, pero que, por razón de la inseguridad, aplazaron la posibilidad o desistieron de materializarla.
No es cualquier inseguridad. Es la generada por el asaltante callejero o por el vendedor minoritario de drogas o por el vago que duerme en cualquier andén o por la prostituta infectada con VIH que día y noche recorre los parques céntricos o por centenares de vendedores ambulantes tras de los cuales se escudan muchas formas de delincuencia.
La extorsión está creciendo de manera alarmante, junto con el asalto y los robos callejeros y la creación de zonas territoriales exclusivas de pandillas. En los barrios populares extorsionan al tendero, a la peluquera, al transportador y hasta a los vecinos que tienen un empleo y, por lo tanto, un ingreso.
En materia de extorsión, por ejemplo, Cúcuta ocupa el quinto lugar entre las principales 23 ciudades colombianas, y el octavo entre las que registran más homicidios.
Ese ambiente que surge de una guerra que están perdiendo las autoridades, genera un ambiente de desconfianza empresarial muy difícil de superar, y más, cuando estas se dedican a otras cosas antes que a cuidar de la seguridad de los ciudadanos.
¿Cómo explicar, sino en la falta de diligencia de la Policía el que, por ejemplo, las redes conductoras de las luminarias del puente de La Gazapa las hayan robado decenas de veces seguidas, sin que nadie se entere? ¿Qué otra explicación cabe, si no la misma, en relación con la pérdida sistemática de tapas de alcantarillas y de contadores residenciales de servicios públicos?
Desde luego, no toda la responsabilidad de lo que sucede es de la Policía. La Alcaldía y el Concejo, coadministradores de la ciudad, también tienen que ver, y mucho, en la realidad de Cúcuta. Ante contingencias como la inmigración masiva y descontrolada y sus graves secuelas, se han limitado a enviar tibios mensajes al gobierno nacional, pero no han asumido la actitud firme que se requiere, para que haya soluciones a los numerosos problemas surgidos en los últimos meses.
Hay un problema adicional, del que las autoridades no se han percatado: un clima de zozobra y de miedo recorre el departamento, a raíz de las amenazas y los asesinatos de líderes populares, originada en múltiples factores, incluida esa guerra idiota que libran el Eln y el Epl en el Catatumbo, y la acción de las bandas criminales a lo largo de la frontera con Venezuela.
Previsiblemente, la situación en general en Norte de Santander empeorará, si se tiene en cuenta el clima caldeado del Catatumbo con el anuncio de que para erradicar los cocales se pasará de la sustitución voluntaria a la erradicación con glifosato fumigado, algo que, ya se sabe, puede traer consecuencias ambientales y además despierta obviamente, el espíritu beligerante de los cultivadores, a quienes les perjudica en su negocio.
Así, cualquier cosa que se haga en beneficio de la tranquilidad, no solo será favorable para la ciudadanía, sino para la economía, que parece no levantar cabeza mientras no se les garantice un ambiente tranquilo a los empresarios.
