La situación a la que nos referiremos no tiene que ver con los desplazados de países centroamericanos con rumbo a Estados Unidos, o de desplazados sirios que van  hacia Europa o de venezolanos que cruzan el Táchira para refugiarse en otras naciones sudamericanas.

El caso se refiere a un asunto que se creía iba a descender con tendencia a desaparecer luego de la firma en 2016 del acuerdo de paz con las Farc, pero hay un resultado que acaba de dejar pasmado a más de uno, porque el desplazamiento interno volvió a salirse de todo control y, dolorosamente, Norte de Santander no escapa a ese mal que lo persigue por años.

Acaba de salir a la luz un análisis de la Defensoría del Pueblo que advierte un aumento del 256 % en el número de personas que tuvieron que dejarlo todo para huir y salvar la vida durante el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2020.

Se advierte un grave deterioro en las garantías en territorios como Norte de Santander, Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Antioquia, Córdoba y Arauca, donde por acción de los violentos la tragedia del desarraigo  volvió a alcanzar niveles insospechados y que hacen recordar escenas que se repetían a diario de pueblos que eran dejados abandonados. 

Resulta que entre enero y junio, 44.290 personas tuvieron que huir de sus hogares frente a 13.912 que se vieron forzadas a hacerlo el año pasado afectadas por las presiones de bandas criminales, la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y estructuras de narcotraficantes,  que libran una lucha por apoderarse de vastas zonas, donde llegan a intimidar, presionar o asesinar para obligar a los pobladores a seguir sus órdenes o de lo contrario los condenan al desplazamiento forzoso al ponerlos en la mira como objetivo de sus prácticas criminales.

La misma Defensoría del Pueblo dice que el fenómeno se acerca a los niveles de los años noventa, cuando los paramilitares avanzaron a sangre y fuego sobre las zonas guerrilleras en una espiral de violencia que a la postre convirtió a Colombia en el país con mayor desplazamiento interno en el mundo, según la ONU.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) reportó que, a corte del año pasado, Colombia ya completaba 8,3 millones de desplazados teniendo en cuenta el Registro Único de Víctimas desde 1985.

Y como si fuera poco, también ocurrieron 68 eventos de confinamiento obligado por actores armados, que restringieron ilegalmente la movilidad de 36.101 personas de 192 comunidades en el país.

Que el defensor admita que estamos en “una situación igual o similar” a la de los feroces enfrentamientos entre las Auc y las guerrillas, nos señala que los colombianos estamos repitiendo un doloroso pasaje de la historia, hecho que es urgente frenar entre todos y con acciones desde cada uno de los estamentos.

Todo esto ocurre como consecuencia del interés de los grupos armados ilegales en los cultivos ilícitos, el manejo del negocio del narcotráfico, rutas de contrabando y la extracción ilícita de minerales.

No solamente hay que posibilitar la necesaria ayuda a quienes han sido desarraigados, sino que por ejemplo se debe profundizar en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad, auscultar las posibilidades de acercamientos de paz y fortalecer la lucha contra los factores de violencia desde la operatividad y la acciones económicas y sociales para la población.