Con pinzas hay que tomar los resultados de la investigación que arrojó el desvío de gasolina hacia el narcotráfico en 33 estaciones de servicio en 11 departamentos del país, siendo en buena parte combustible subsidiado que se despacha hacia las zonas de frontera, como la nuestra, donde tiene el precio preferencial para intentar competir con los hidrocarburos de contrabando.
Por un lado, es un alivio que de 147 gasolineras que operan en Norte de Santander, 39 de las cuales funcionan en el área metropolitana de Cúcuta, que solo tres, dos de ellas en El Carmen y una en Teorama, quedaran reseñadas por los volúmenes atípicos de venta de combustible.
Dentro de la anunciada nueva metodología para definir los cupos de combustible departamentales, el Gobierno Nacional debe tener cuidado en no ir a castigar justos por pecadores, porque como muy bien lo deja ver la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación y los ministerios de Defensa y de Minas, no todos los distribuidores están metidos en ese tipo de presuntas maniobras para desviar hacia la producción de cocaína parte de los hidrocarburos despachados para atender la demanda del parque automotor.
No sería de buen recibo que ahora Norte de Santander, atrapado en la crisis migratoria más grande de la historia, con severas dificultades sociales, económicas y de seguridad, fuera a pagar los platos rotos por algo que debe ser una misión de las autoridades policiales e investigativas, dentro de su misión de constitucional de las acciones preventivas, de control y de restricción en contra de las mafias del narcotráfico.
Recortar el cupo de gasolina subsidiada o de precio preferente para esta frontera o quitarles a los nortesantandereanos esa favorabilidad, constituiría una carga de profundidad en momentos que todo por aquí anda en malas condiciones como lo revelan y sostienen los propios indicadores socio-económicos de organismos gubernamentales como el DANE.
Además, sería volver a alimentar a las organizaciones de contrabandistas de gasolina venezolana, que aunque escasa, volvería a competir indudablemente contra la que se ofrezca a precio de Bucaramanga o Bogotá, porque así no esté llegando en las cantidades de antes, cuando cubría una gran parte de la demanda, volverá a ser apetecida y buscada con ansiedad.
En medio de esta preocupante disyuntiva, en un departamento donde el cupo mensual asignado por el Ministerio de Minas es de 10,5 millones de galones mensuales, aquí es válido lo dicho por la titular de ese despacho, María Fernanda Suárez. “Ahí el llamado a la población es que cuide sus propios cupos y que denuncie ante la línea ética del Ministerio de Minas y Energía, ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando vea que hay desvío de esos combustibles a otras regiones”.
Nadie pretende desconocer la grave incidencia del narcotráfico en todas las escalas de la sociedad, y por ello es indispensable que las autoridades nacionales y locales habiliten una estrategia para el monitoreo de las estaciones de servicio situadas en áreas marcadas como de alto riesgo por la presencia de organizaciones dedicadas a la producción de alcaloides y proceder a aplicar los controles y los castigos individualizados, y no mediante la generalización de las medidas coercitivas, por los efectos nocivos a las comunidades. Prevención, sí, vigilancia, sí, control, sí, y castigo, sí, pero a los responsables del delito, no a la población entera que nada tiene que ver con eso.
