“A ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que vaya de engorde a la cárcel”. En esos términos, que desbordan la institucionalidad y más parecen enmarcarse en un régimen dictatorial, habló sobre el exguerrillero Dimar Torres, el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, entonces comandante del batallón de Operaciones Terrestres No. 11, perteneciente a la Fuerza de Tarea Vulcano.
Y, como ya sabemos, efectivamente al desmovilizado de las Farc lo mataron el 22 de abril en el corregimiento Miraflores, en Convención, municipio de la convulsionada zona del Catatumbo, en un hecho que arroja graves sospechas de un plan orquestado dentro de las llamadas ejecuciones extrajudiciales.
Causan estupor las revelaciones de la Fiscalía de que había hasta un grupo de WhatsApp con el nombre de ‘Dimar Torres’ en que los militares reportaban las acciones de seguimiento, y que al excombatiente lo ejecutó el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, en acatamiento a una orden del coronel Pérez Amézquita.
Aunque al comienzo se creyó que se trataba de un hecho aislado, todo apunta a que no es así, como lo confirmó el propio organismo acusador. “Yo no necesito confirmar nada, lo que necesito es vengar la muerte del soldado (Pablo Emilio Borja García, ocurrida el 12 de abril, víctima de una mina antipersona)... hay que matarlo”, fue lo dicho por el coronel Pérez Amézquita a sus subalternos, de acuerdo con la descripción que de este grave hecho hizo la Fiscalía General de la Nación.
Sin desconocer que las minas antipersona implican una violación al derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos en Colombia, la venganza como respuesta no es la salida, y menos por parte de miembros de la alta oficialidad de una institución tan importante para el país como lo es el Ejército.
Que un coronel como Pérez Amézquita actúe de la forma señalada en reportes de la Fiscalía y en un informe revelado por la revista Semana, es un desalentador y muy riesgoso hecho que lleva a mostrar que la aplicación de la ley por mano propia, el asesinato, la desaparición y la tortura podrían estar figurando como un ‘secreto’ Plan B contra el enemigo.
Es muy importante que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, saliera a dar la cara y explicara todo este delicado asunto e indicara qué es lo que ocurre en las filas puesto que pese a las afirmaciones de respeto a las leyes y el acatamiento a las normas, por qué siguen ocurriendo escandalosos hechos, como si ya no hubieran sido suficientemente dañinos e impactantes los falsos positivos, que aún siguen afectando la imagen del Ejército.
Por el momento, lo fundamental es que la justicia ordinaria continúe con el proceso por el crimen de Dimar Torres contra el coronel Jorge Pérez Amézquita y otros involucrados, que impugnaron y reclamaron que el caso vaya a la justicia penal militar.
Todavía no hubo una decisión puesto que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura lo que hizo fue abstenerse y remitir el procedimiento a un juzgado de conocimiento.
Qué grave, triste y delicado que el Catatumbo siga siendo un territorio ‘rico’ en hechos que cruzan las fronteras de la ilegalidad, siendo protagonistas personas que por sus cargos (el coronel Pérez, el cabo Gómez y tres soldados profesionales) tienen una significación para la sociedad como sus héroes.
